El Juzgado Penal de Garantías Nº2 de la ciudad de Luque, a cargo de María Cecilia Ocampos Benedetti, resolvió decretar la prisión preventiva de Willian Alberto Fernández Ramírez, imputado por coacción, apropiación, extorsión, estafa, usura y asociación criminal.
El caso se remite a la denuncia de una mujer que en junio del año pasado adquirió un bien por un valor total de aproximadamente G. 3.900.000, incluyendo intereses.
Tras sufrir la pérdida de su puesto de trabajo, la mujer cayó en una mora temporal en el pago de sus mensualidades. Al intentar ponerse al día una vez reincorporada al ámbito laboral, la casa comercial le informó que la deuda había sido supuestamente “tercerizada” y la derivó con un presunto abogado gestor.
Al ponerse en contacto con este abogado, según los audios y capturas de WhatsApp, progresivamente fue amedrentandola y amenazandola. No contento con publicar la imagen de la mujer en redes sociales bajo falsas acusaciones de “estafa” y acosar a sus parientes, amenazó directamente con viralizar mensajes difamatorios en los grupos de padres del colegio de su hija para que la niña sufriera bullying.
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Asustada, la víctima cedió y realizó giros de dinero; sin embargo, Fernández le requirió el pago de G. 6.150.000 en concepto de un “cierre definitivo” en el local del comercio, siempre según el relato fiscal.
Entrega vigilada
El 19 de octubre la fiscal Blanca Zaracho encabezó una entrega vigilada en el local “Torres Comercial”, ubicado en Barrio Obrero de Asunción.
Durante el operativo, los agentes procedieron a cotejar la documentación y a incautar el dinero previamente marcado. Si bien la transacción física se concretó en las instalaciones de Torres Comercial, el presunto abogado coaccionador no se presentó en el sitio, pero fue detenido días después.
De acuerdo a la investigación fiscal, las transferencias que realizó la víctima no iban al comercio, sino al alias personal del presunto abogado, quien le remitía fotografías de comprobantes informales sin validez legal. Pese a que la denunciante ya había abonado más de G. 1.900.000 mediante estas operaciones.
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El imputado le impuso además un interés arbitrario de G. 8.000 diarios sobre cuotas ya vencidas, configurando un evidente esquema usurario.
Según el decreto emitido por el Juzgado Penal de Garantías, Fernández deberá guardar reclusión en el Departamento Especializado contra hechos Punibles Financieros de la Policía Nacional por un periodo de siete días, y una vez cumplido el plazo, pasará a guardar reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos (Ex Tacumbu) en libre comunicación y a disposición del este Juzgado.