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Existe consenso en las comisiones de Legislación, Equidad y Género y Derechos Humanos para aprobar con modificaciones el proyecto contra el acoso laboral, pero no existe el consenso entre los proyectistas, ya que se plantea que la regulación no solo abarque al sector público, sino al privado.
El proyecto de ley fue presentado por la bancada del Frente Guasu y establece que los hechos de acoso laboral, una vez probados mediante la tramitación del proceso sumarial establecido por la Secretaría de la Función Pública a través de la Dirección de Sumarios Administrativos, rodeado de las garantías del debido proceso garantizadas constitucionalmente, darán a la víctima, cuando corresponda, el derecho a recibir el resarcimiento económico impuesto por el juez instructor.
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Las sanciones que se plantean
El proyecto establece que los infractores de la normativa serán sancionados, además de lo que estipule el estatuto o reglamento interno, con compensaciones pecuniarias para la víctima y serán establecidas en jornales mínimos para actividades no especificadas de la Capital, entre 150 y 300 jornales por cada víctima, que serán descontadas del salario del infractor o del superior jerárquico declarados culpables.