Tratan proyecto de ley que plantea cárcel para autoridades que no contestan informes

La Cámara Alta analizará en su sesión ordinaria de la fecha, convocada para las 09:00, el proyecto de ley que plantea aplicar multas e incluso cárcel a los ministros, titulares de entes y otros que no respondan los pedidos de informes.

Reunión virtual de la comisión de Legislación del Senado, presidida por Hugo Richer (FG).
Reunión virtual de la comisión de Legislación del Senado, presidida por Hugo Richer (FG).Senado Gentileza

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Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores recomiendan al pleno aprobar con modificaciones dos proyectos de ley sobre pedidos de informes del Congreso que figuran en el orden del día.

En el segundo punto será tratado el proyecto de ley “Que modifica el artículo 3° de la Ley N° 5453/2015 Que Reglamenta el Artículo 192 de la Constitución Nacional, del Pedido de Informes”, que plantea digitalizar los informes de modo a extender la ley de “papel cero”. La norma cuenta con aprobación de Diputados.

En el noveno punto figura el proyecto de ley “Que sanciona el desacato de un pedido de informe del Poder Legislativo”. La iniciativa parlamentaria, que partió del Senado, propone que el incumplimiento a un pedido de informes remitido por el Senado o Diputados será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa.

Comisión del Senado planteará unificar el proyecto

La comisión de Legislación, presidida por el senador Hugo Richer (FG), planteará al pleno unificar los proyectos de ley e incluir al proyecto de Diputados la sanción por desacato por incumplimiento a un pedido de informes.

La comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Enrique Bacchetta (ANR, RF), si bien dictaminó aprobar con modificaciones, considera que la norma sobre sanciones por desacato debe ser pulida. Mencionaron que existen sanciones penales muy graves que superan el marco legal de otras conductas previstas en el Código Penal. No descartan disminuir los años de pena privativa de libertad y sacar la flagrancia.

También mencionaron que la ley 1626 de la Función Pública y la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública sancionan con multa, establecen la suspensión del goce de sueldo de los funcionarios públicos que no responden los informes e incluso la destitución del cargo, que son consideradas faltas graves.

Mientras que el proyecto del Senado penaliza la conducta y habla de pena privativa de libertad. El Senado cuenta con casi 100 pedidos de informes no respondidos por instituciones públicas.

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