La comisión de Legislación recomienda al pleno ratificarse en su sanción inicial y mantener las penas vigentes. En reunión de comisión se mencionó que en los casos especialmente graves la estafa se iguala al robo con penas de 1 a 15 años.

Mencionaron que elevar las penas tendría una consecuencia una consecuencia muy importante en el sistema penal, porque se convierten los hechos de lesión de confianza y estafa en crímenes.

Señalaron que en los casos de crímenes los jueces utilizan la prisión como una medida alternativa, y que estarían cambiando totalmente la idea original del Código Penal en los casos en que se califiquen los delitos como hechos graves.

“Automáticamente retrocederíamos como 20 años, porque si algunos recuerdan la estafa era utilizada en los procesos penales para extorsionar a las personas, y se dictaba la prisión y hasta que no arreglen no se levantaba la prisión”, recordó el asesor de la comisión, José Casañas Levy.

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Defendieron la versión del Senado señalando que Diputados incluye la descripción de indigencia y el Senado insolvencia. Mencionaron que en un juicio será difícil de probar la indigencia en un caso de lesión de confianza.

Durante la reunión de la comisión de Legislación en alusión a su proyectista, la diputada Rocío Vallejo (PPQ), afirmaron que la normativa que pretende no va a generar un cambio en la lucha contra la corrupción y que se trata de un discurso incorrecto.

Parecer de la Fiscalía

La entonces fiscala general Sandra Quiñónez en su parecer sobre el proyecto señala “que por más que elevemos la pena a 15 años para casos especialmente graves, el plazo de prescripción seguirá siendo de 5 años, porque los numerales que se pretenden agregar no inciden para los cómputos de la prescripción”, había dicho en una nota remitida al Senado.