Cuestionados en Cumbre de Poderes anticorrupción

Casi una hora y media duró ayer la Cumbre de Poderes sobre la “lucha contra la corrupción” convocada por el presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga, de la cual participaron también el vicepresidente Pedro Alliana; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diésel; el titular del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; el contralor, Camilo Benítez y el asesor político de la Presidencia, José Alberto Alderete (ANR, HC), de cuestionados antecedentes en su paso por la función pública.

“Creo que hay una sintonía total de cada uno de los representantes de los poderes y extrapoderes del Estado. Son personas con experiencia (...), conocen los desafíos que tiene cada uno y también compartimos que ninguno de los poderes va a ser capaz de enfrentar los desafíos de manera aislada”, afirmó el presidente Peña sobre lo conversado en la reunión.

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El mandatario enfatizó en que planean repetir este encuentro para establecer una “agenda de trabajo en conjunto”, donde ya adelantó varios ejes centrales: corrupción, contrabando, narcotráfico y tráfico de armas. En esa lista al menos omitió otros flagelos vinculados, como el lavado de dinero y otros delitos conexos o precedentes.

También hizo bastante énfasis en lo que refiere a contrabando y tráfico de armas, pero enfatizó en combatir el tráfico de drogas, “que ha crecido muchísimo en los últimos años, poniendo a Paraguay como un centro de tránsito para drogas que pasan por nuestro territorio y van al exterior”.

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Al respecto, Beto Ovelar, otro con antecedentes por presunta corrupción al ser filmado presuntamente comprando votos, pero que nunca fue condenado, prácticamente refrendó simplemente las palabras del mandatario.

El titular de la Corte, César Diésel, también se limitó a remarcar que su rol será el de “escuchar los planes, ver los proyectos y ver cómo acompañar este plan de gobierno que presenta el Presidente”, atendiendo que el Ejecutivo es el encargado de administrar el país.

FGE reafirma independencia

“Ya pasaron las épocas en que cualquier componente de una institución estatal llegaba al Palacio o Mburuvicha Róga a recibir instrucciones. Hoy venimos a armonizar funcionamiento en base a un objetivo en común”, dijo el fiscal general del Estado.

Rolón remarcó que su rol no es actuar contra uno u otro sector político, sino a cumplir el rol constitucional de “cooperación, equilibrio y recíproco control” y fue bastante enfático en pedir más recursos para cubrir la carencia de fiscales y enfrentar las deudas que le dejó la anterior administración de Sandra Quiñónez.

“Nada nuevo por ahora” sobre HC

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, también se refirió a rumores del arribo de nueva documentación de Estados Unidos sobre el caso Horacio Cartes, acerca de lo cual refirió: “Nada nuevo por ahora, hay otras informaciones”, pero la investigación está en “etapa preliminar”.

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“Hay una carpeta investigativa de aquellas designaciones que vinieron de la Embajada de los Estados Unidos sobre expresiones referentes a ciertos sectores políticos del país. Nosotros tenemos una carpeta fiscal, hemos requerido información y la recibimos del Departamento de Estado, pero eso no es reciente, (fue) ya hace un tiempo atrás”, afirmó Rolón sobre el caso HC.

Contraloría respalda suprimir Senac

El contralor Camilo Benítez respaldó la intención de Peña de suprimir la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) para presentar una “mejor opción”.

“Contraloría debe liderar la política de integridad, transparencia y anticorrupción de Paraguay, no una secretaría que dependa otra vez del Ejecutivo”, dijo Benítez, que consideró que en este tiempo, la Senac no ha podido cumplir con su rol, por lo que se comprometió a presentar alternativas.

Rodeado de cuestionados

Sin olvidar la abierta cercanía y amistad con el declarado por Estados Unidos como “significativamente corrupto”, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, el presidente de la República, Santiago Peña, incluyó en esta Cumbre de Poderes a su cuestionado asesor político de la Presidencia, José Alberto Alderete.

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Este último, siendo ministro de Obras Públicas del gobierno de Nicanor Duarte Frutos acumuló una sospechosa fortuna, aunque nunca llegó a ser castigado por la justicia. También estuvo involucrado en el escándalo del “acta entreguista” cuando era titular de Itaipú en el gobierno de Mario Abdo, y tras dejar el cargo, se pasó al cartismo.