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La presente ley fue impulsada por la Contraloría General de la República y busca evitar que varias autoridades sigan “puenteando” las tareas de verificación de actividades económicas y financieras en todos los estamentos del Estado, de tal manera que se cumpla lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 281.
El documento, que pasó ayer su tercer trámite constitucional, en su versión Diputados, establece que, sancionada la ley, el Tribunal de Cuentas debe remitir a la Contraloría todas las documentaciones que obran en su poder.
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En la versión de Senadores se estableció, sin embargo, que los documentos ya remitidos con anterioridad se sustancien en el mismo lugar. Es decir, no se podría auditar las gestiones de la ex fiscal General Sandra Quiñónez, del ministro de la Corte Antonio Fretes, y las gestiones anteriores del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Al respecto, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, confirmó que la posición es ratificar la posición inicial de la Cámara Baja. Agregó que el artículo 2° de dicho proyecto de ley dispone que el Tribunal de Cuentas no podrá realizar la evaluación de las cuentas de los organismos y entidades del Estado, cuyo análisis será inicialmente administrativo y estará a cargo de la Contraloría General.
“Por lo menos hay una posibilidad de transparentar la función de las autoridades mediante el control de la Contraloría. Espero que todas las instituciones se sometan a las auditorias y no recurran a acciones de inconstitucionalidad como siempre se hizo”, dijo Miguel Martínez (ex Cruzada Nacional), quien agregó que por años intendentes y gobernadores utilizaron al Tribunal de Cuentas para evitar la transparencia de su gestión.
Buzarquis resalta importancia de ley para evitar puentear a la Contraloría
El legislador Antonio Buzarquis (PLRA), por su parte, resaltó la importancia de esta normativa que evitará el “puenteo” a la Contraloría.
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“La versión Diputados estará fortaleciendo el trabajo institucional de la Contraloría General de la República y con esta ley vamos a fortalecer los controles para que ninguna autoridad siga burlando los controles y ahora el Tribunal de cuentas deberá remitir inmediatamente todas las documentaciones que tienen en su poder”, puntualizó Buzarquis.
El proyecto pretende que todas las instituciones del Estado sean controladas por la Contraloría, teniendo en cuenta que, en la actualidad, varias autoridades, acción de inconstitucionalidad mediante, envían sus rendiciones de gastos al Tribunal de Cuentas y no a la CGR.
La iniciativa parlamentaria pasa ahora al Poder Ejecutivo para su siguiente trámite constitucional.