Diputados analizan vetar a violentos de los eventos deportivos

El proyecto de ley que prohíbe el ingreso de violentos en eventos deportivos mencionado figura en el 6º punto del orden del día en Cámara de Diputados, y fue debatido previamente en mesas de trabajo con las instituciones involucradas y en comisiones, donde se plantearon leves modificaciones.

“Las modificaciones vinieron a propuesta justamente de esa mesa interinstitucional, que si bien no son muy sustanciales, sí importantes, ya que se consideraban necesarias para que este proyecto de ley sea efectivo”, indicó el presidente de la Comisión de Deportes, Rubén Roussillón (ANR, FR).

Según el legislador, las modificaciones propuestas consistirían en “dar potestades a la justicia de tomar cartas en el asunto, porque eso no estaba establecido taxativamente” y la “definición de la comisión que estará encargada de la aplicación de esta ley”.

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En el mismo sentido de aprobación con modificaciones se pronunció la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno.

Lo que dice el proyecto de erradicación de violencia en el deporte

El proyecto establece que se conforme una Comisión Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, que esté integrada por la Secretaría Nacional de Deporte, Secretaría Nacional Antidrogas y representantes de deportes profesionales, que sea la responsable de evaluar los requerimientos de seguridad en los eventos.

También se plantea crear un Registro Nacional de Espectadores (Renaes), donde se apunten los datos de identidad de todos los asistentes a eventos deportivos, a fin de facilitar su identificación y donde se pueda corroborar si existen motivos para evitar su acceso. El órgano de control y aplicación es la Policía Nacional.

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Además de generación de disturbios o agresiones físicas en estadios o en las inmediaciones, se establece taxativamente como actitudes violentas el ingreso a eventos deportivos de bombas pirotécnicas y/o portar carteles, o realizar cánticos ofensivos o hasta acudir alcoholizado.

También se establece la obligación de que clubes revoquen la condición de socios a los que sean registrados como violentos.