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Varios bloques de asesoramiento de la Cámara de Diputados, en coordinación de la Comisión de Ciencia y Tecnología, organizaron una audiencia pública para discutir modificaciones a la Ley N° 5863/17- “Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control”. El principal aspecto debatido es quién se hará cargo del costo de cada “tobillera electrónica”, según explicaron los miembros.
El titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputado Germán Solinger (ANR-Itapúa), adelantó que esta iniciativa será estudiada en el plenario de la Cámara Baja, el próximo miércoles.
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Sostuvo que todos coinciden en que la normativa debe entrar en vigencia cuanto antes, dada la fundamental importancia de descomprimir el sistema penitenciario.
Buscan que quienes usen las tobilleras las costeen
La ley que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control, también conocida como “ley de tobilleras electrónicas”, busca establecer un seguimiento a procesados con prisión domiciliaria o con órdenes de restricción, pero todavía no entró en vigencia a seis años de su promulgación y publicación.
Existen actualmente un intenso debate en Diputados, así como una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, al efecto de que aquellos que son beneficiados con la medida sean quienes se encarguen del costo de cada aparato electrónico, lo que hizo que esta ley esté próxima a ser aplicada y se constituya en una herramienta positiva para descomprimir las cárceles.
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Así como está la ley, cada dispositivo tiene que ser costeado por el Estado; pero en la versión Poder Ejecutivo del documento de modificación, se otorga potestad al juez para evaluar la situación de solvencia de cada afectado, de modo a que si tienen la posibilidad, se encarguen de pagar por las tobilleras.
Para otros, el Estado debe costear tobilleras
Derlis Manuel Rodríguez (ANR-Caaguazú), de la comisión de Ciencias y Tecnología, proyectista, a la par de otra iniciativa de modificación de la Ley N° 5863/17, señaló estar en desacuerdo con que cada beneficiado sea quien se haga cargo del costo.
Afirmó que hubo coincidencia en que se debe descomprimir el sistema penitenciario y en que la justicia debe contar con esta herramienta; sin embargo, remarcó que la responsabilidad del costo volvió a ser punto de diferencia.
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“Penitenciarías que hoy están preparadas para mil personas, resulta que tienen 2.500. Así es imposible que funcionen adecuadamente. Coincidimos en cómo debe ser aplicada la ley; pero la diferencia está en el tema del costo: si recae en el Estado o lo trasladamos a las personas que serán beneficiadas”, dijo.
Discriminar quién paga y quién no, haría inconstitucional la norma
Fue claro al indicar que, desde su perspectiva, “el Estado debe ser responsable, así como lo es hoy, pues desde que se dicta una prisión preventiva, con alguna medida, el Estado queda como responsable”.
“No coincido con quienes critican que esto lo terminaremos pagando todos. Hoy en día ya estamos haciéndonos cargo de 17.500 personas privadas de libertad, a quienes estamos pagando las comidas. Yo prefiero pagarles el dispositivo y ahorrar otros conceptos para el Estado. No es que agregaríamos otro gasto más”, sostuvo el legislador.
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Enfatizó que si discriminamos quién puede pagar y quién no, la normativa se vuelve inconstitucional, porque pierde el principio de igualdad. “Tenemos que ver los alcances, la constitucionalidad y la aplicabilidad. Pero esto debe ser aplicado cuanto antes, para que cumpla el fin”, concluyó.
Las comisiones organizadoras del evento son Ciencia y Tecnología; Asuntos Constitucionales; Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; Presupuesto; Equidad Social y Género; y Familia y Personas Adultas Mayores.