Atendiendo a que varias instituciones públicas firman convenios para el otorgamiento de títulos de diferentes niveles, el pedido de informe no solo aborda la parte académica, ya que busca determinar si las universidades efectivamente están acreditadas, y también la parte financiera, ya que tras estos convenios hay erogaciones a costa del erario público.

“Queremos saber los montos, títulos expedidos, si están expedidos a través de universidades con las carreras acreditadas o no, qué validez tienen estos títulos y saber con quién firman los convenios, porque están detrás procesos licitatorios”, indicó Benítez sobre la serie de pedidos de informes que solicitará se aprueben hoy en la sesión ordinaria de Diputados.

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Entre las instituciones a las que se requieren estos datos, por ejemplo, figura la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Itaipú Binacional y varias municipalidades, puntualmente la de Asunción y todas las del departamento Central.

En varias de estas instituciones, se firman convenios para “capacitación del personal” y lo que se teme es que adjudique a universidades o institutos superiores que no cumplen con los requisitos legales.