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Ejecutivo expropia valiosa propiedad a favor de Comuna de Ayolas

Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Ayolas
Vista aérea del lugar donde funciona la playa de Corateí, en Ayolas, departamento de Misiones. (archivo).

Santiago Peña promulgó la Ley que expropia 10 hectáreas de la zona de Corateí a favor del distrito de Ayolas, departamento de Misiones. La iniciativa tenía fuertes críticas, ya que se trataría de antiguas tierras públicas adjudicadas irregularmente en época de la dictadura, y ahora se deberá pagar por ellas en concepto de indemnización.

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El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N° 7213, del 20 de diciembre del 2023, que expropia 10 hectáreas de la zona de Corateí a favor del distrito de Ayolas, departamento de Misiones.

La Cámara de Diputados sancionó el 2 de noviembre pasado el cuestionado proyecto de expropiación.

Pese a las críticas, la Cámara Baja sancionó la versión Senado de un proyecto de expropiación de una propiedad de aproximadamente 10 hectáreas en la zona ribereña de Corateí, municipio de Ayolas, que tenía muchas críticas, ya que se trataría de tierras del Estado adjudicadas discrecionalmente durante la dictadura de Stroessner, por las que se deberá pagar en concepto de indemnización.

En Diputados, justificaron la conveniencia de esta expropiación a favor de la municipalidad de Ayolas, para la apertura de una playa pública en el sitio, a nombre del Club de Pesca de Corateí.

Lea más: Alertan de otra expropiación en favor de “invasores vip” en Corateí

Carlos Duarte, Intendente de Ayolas (ANR).
Carlos Duarte, Intendente de Ayolas (ANR).

Como toda expropiación, se establece el pago de una compensación del inmueble expropiado, solo si se acredita fehacientemente la titularidad de las tierras. Para tal menester, la Municipalidad de Ayolas y los propietarios acordarán en un plazo no mayor de 90 días el precio de la fracción expropiada.

Lea más: Diputados expropia y habilitaría pago por “tierras malhabidas” en Corateí

También dispone que, en caso de no haber acuerdo en el citado plazo, las partes recurrirán al Juzgado de Primera Instancia que corresponda, a los efectos de la determinación judicial del precio. Indica que ningún pago podrá realizarse sin acuerdo de la Procuraduría General de la República, la que deberá establecer el monto, legitimidad del título y otros requisitos establecidos por la Constitución y las leyes.

En el debate legislativo, abogó fuertemente por la sanción el diputado y exgobernador de Misiones, Carlos Arrechea (ANR, bancada oficialista B).

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