En conversación con ABC Cardinal este viernes, la jueza Claudia Criscioni, presidenta del Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos, habló de las observaciones realizadas por su Tribunal sobre la falla de la Fiscalía en investigar la actuación de funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF) en torno a las operaciones financieras ilícitas del cambista brasileño Darío Messer en Paraguay.
Al emitir su sentencia definitiva sobre el comiso de bienes por 100 millones de dólares de Messer, el Tribunal señaló al Ministerio Público la conducta de funcionarios del BNF en torno al caso Messer, afirmando que hay indicios de que estos simularon el cumplimiento de su deber de debida diligencia en torno a las operaciones del brasileño.
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La jueza Criscioni señaló que en el marco del juicio de comiso se comprobó que los bienes que Messer adquirió en Paraguay “tenían un origen antijuridico” y que los funcionarios del banco llevaron a cabo diligencias propias de una solicitud de crédito en vez de investigar adecuadamente el origen de los fondos transferidos por Messer, mientras bancos de otros países cerraban cuentas del brasileño precisamente porque este no podía justificar los fondos.
Dolo, negligencia o conducta culposa
El Tribunal argumenta que los funcionarios del BNF, más allá de posibles deficiencias en los controles o dolo, son pasibles de ser sancionados por una conducta culposa por su actuación.
“Se han producido medios de prueba que dan cuenta de que estos funcionarios del BNF, simulando cumplir con sus deberes de debida diligencia, en realidad llevaban a cabo procedimientos que son necesarios para, por ejemplo, la obtención de un crédito, porque revisaban si había tierras en el Paraguay; el problema no era el negocio que se llevaba a cabo en el Paraguay, sino de dónde provenía el dinero que era transferido a las cuentas del Sr. Darío Messer en el Banco Nacional de Fomento”, reza el fallo emitido por el Tribunal.
Darío Messer, amigo personal del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), cumple actualmente en Brasil una condena de 13 años de prisión por lavado de dinero.