Como protesta, desde hoy, 1 de febrero, ninguna de las municipalidades será abierta por tres días, dijeron sus jefes. Además, estos renunciarán a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y harán cierre de frontera de persistir Peña en su plan, señalan.
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La decisión de iniciar la lucha por la defensa de los fondos municipales de los que el gobierno central quiere apoderarse para usar en la pretendida “Ley de Hambre Cero”, los 16 intendentes municipales de Canindeyú se reunieron en la ciudad de Katuete, donde emitieron un comunicado en el que repudian la intención del gobierno central, calificándolo de injusto y de un despropósito.
Como primeras medidas de protesta decidieron por unanimidad cerrar las puertas de las 16 municipalidades canindeyuenses por tres días hábiles, a partir del hoy. Luego, de inmediato se desafiliarán de la Opaci, entre otras medidas más severas.
Según el presidente de la Junta Municipal de Saltos del Guairá, Armando García, desde mañana ya empezarán a hacer bloqueos de rutas, que podría incluir el cierre de la frontera seca con el Brasil por tiempo indefinido.
Cerrarían además el acceso a la balsa por donde cruzan más de 100 camiones por día al Brasil, llevando soja, arroz, maíz y otros productos a los puertos brasileños.
Aquello será hecho hasta que Peña anuncie el desistimiento de la derogación de la Ley 5404/15 de “Compensación a los municipios del Departamento de Canindeyú”, que representa el desembolso anual de más de G. 55.000 millones.
Con la derogación de la ley de Fonacide, más la modificación de la ley de Royaltes y Compensaciones, los municipios del departamento de Canindeyú perderían unos G. 80 mil millones que actualmente reciben de la Itaipú Binacional por medio de tres leyes que distribuyen dichos recursos.
“No puede un gobernante venir y de un plumazo llevarse todo lo que es el resultado de años de lucha de la ciudadanía por un derecho como lo es el resarcimiento por las Siete Caídas”, señaló el intendente de Saltos del Guairá, Héctor Morán.