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Como un verdadero bochorno podría calificarse la “investigación” de la fiscala Patricia Sánchez para desestimar la denuncia contra el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, por su presunto título falso de abogado. La representante del Ministerio Público cerró el caso luego de recepcionar algunos documentos de la Universidad Leonardo Da Vinci y tomarle la declaración a tres testigos: Juan Clemente Bareiro Amarilla, un supuesto docente, y Alberto Núñez Godoy y Cirilo Pedrozo Torres, quienes dijeron ser excompañeros.
Lo cierto es que los registros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) revelaron que el supuesto encargado de impartir clases de derecho a Orlando Arévalo era un profesor de Educación Artística y recientemente titulado como licenciado en Psicología, mientras que los supuestos compañeros eran personas que trabajaban con el diputado cartista en su Instituto Paraguayo de Educación y Arte (IPEA), uno como su secretario y el otro como una especie de reclutador de alumnos para el instituto y la Universidad Leonardo Da Vinci.
Ahora saltaron nuevos datos en los cuales se evidencian los fuertes vínculos del legislador colorado con la mencionada casa de estudios terciarios. Y es que la esposa de Arévalo y actual concejala de Lambaré, Carolina González, aparecía como la “coordinadora” y la encargada de visitar las “sedes” en el interior del país del IPEA que tenía “convenio” con la Universidad Leonardo Da Vinci, según evidenció el concejal de Teniente Esteban Martínez y testigo, Cirilo Pedrozo Torres (PLRA).
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De manos de Orlando Arévalo al MEC
Otros posteos en redes sociales del mismo Pedrozo Torres revelan que la coordinadora de la carrera de la Universidad Leonardo Da Vinci en el aula habilitada en el distrito chaqueño era Noelia Portillo. Esta última, coincidentemente, era otra secretaria del IPEA y se encargaba de acompañar a la esposa de Arévalo en sus visitas, según la misma también publicó en sus redes sociales en el periodo en que el diputado supuestamente estudió derecho.
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Portillo –al igual que el otro secretario de Arévalo y que testificó a su favor, Alberto Núñez Godoy– se ubicó en el MEC en el año 2017. Fue meses después de que el actual presidente del JEM fuera designado director general de Educación Permanente.
Arévalo ingresó a la cartera educativa en octubre de 2016. Mientras que Portillo consiguió ser nombrada como funcionaria el 17 de marzo de 2017, de acuerdo a los registros.
Portillo logró entrar también con el rubro de profesora de “alfabetización”, a cargo entonces de Arévalo. Lo llamativo es que a su ingreso ocupó cargo de técnico y desde setiembre del año pasado pasó a ser la directora de la Dirección de Formación del Educador, con esa asignación inicial.
Más curioso es que está al frente de una dependencia encargada de verificar los Institutos de Formación Docente (IFD) que, sugestivamente, en su mayoría son manejados por Arévalo y su esposa a través de la empresa Zielanko SA. Es decir, debe controlar a sus exjefes.
A cargo del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón
El avance o no de la investigación de la denuncia contra el presidente del JEM, Orlando Arévalo, está a cargo del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Esto, luego de que el juez de Garantías Miguel Palacios imprimió trámite de oposición al pedido de desestimación presentado por la fiscala Patricia Sánchez.
Sánchez había solicitado el 26 de enero pasado la desestimación de la denuncia por presunto título falso contra Arévalo porque supuestamente no se hallaron elementos que permitan investigar al diputado cartista. Sin embargo, luego de la solicitud saltaron escandalosas conexiones de los testigos con el denunciado.
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El más grave era de Alberto Núñez Godoy, que se presentó como un supuesto compañero y principal testigo a favor de Arévalo. Sin embargo, la resolución N° 66/2013 del MEC reveló que Núñez era secretario del IPEA e incluso asistente en el MEC del diputado cartista.