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En un comunicado a la opinión pública, la exsenadora Kattya González decidió responder a las acusaciones planteadas en el libelo acusatorio por el cual se le retiró la investidura el miércoles último.
La exlegisladora considera al proceso como un golpe cívico y un atropello a la voluntad popular, no solo por los motivos por los que se dio, también por la forma en la que procedieron.
A continuación, exponemos los argumentos con los que la senadora responde a las acusaciones del cartismo.
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Respuesta de Kattya González: caso Soledad Blanco
En el caso de la funcionaria Soledad Blanco, uno de los argumentos del cartismo tenía que ver con el supuesto apaño a una ausencia en su lugar de trabajo.
La senadora señala que Blanco es una “profesional independiente contratada bajo la modalidad de prestación de servicios por los cuales se emitía facturas legales a la institución”.
La exsenadora señala que en base a la propia reglamentación del Senado, Blanco tenía “exonerada la marcación, al igual que los funcionarios y prestadores de servicios profesionales de la mayoría de las bancadas y despachos correspondientes a los 45 senadores”.
“El régimen de marcación liberada aplicado a cientos de funcionarios del Congreso Nacional no exige carga horaria mínima presencial, y los afectados por este régimen laboral pueden realizar tareas fuera del recinto del Congreso Nacional”, agrega la exsenadora.
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Blanco siguió trabajando desde fuera del país, asegura
La senadora agregó que pese a estar de viaje, Soledad Blanco “realizó tareas durante los días que se encontraba fuera del país y existen registros de dichos trabajos, los cuales fueron convenientemente detallados en la documentación interna presentada y no objetada por la Dirección de Talento Humano de la Cámara de Senadores”.
“A pesar de la regularidad de la documentación interna, se adjuntó como supuesta evidencia copia simple de la planilla de entrada y salida del país supuestamente emanada de la Dirección Nacional de Migraciones de dicha funcionaria, documento confidencial y protegido, el cual fue obtenido de manera ilícita por los senadores proponentes”, añadió.
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Caso José Luis Torales
En el caso de José Luis Torales, la exsenadora aclaró que es un “funcionario permanente de carrera con 14 años de antigüedad en la función pública, que ingresó 8 años y 4 meses antes que Kattya fuera electa como diputada en el año 2018″.
Agrega que como funcionario comisionado, a Torales se le “aplica el reglamento y normas de la institución de destino, es decir, de la Cámara de Senadores”, no así los reglamentos de la institución de origen, la Contraloría. “El funcionario José Torales fue comisionado dentro del Congreso Nacional el año 2021, primero a la Cámara de Diputados con el aval y la rúbrica del entonces presidente de dicha Cámara y actual vicepresidente de la Nación, Pedro Alliana”, agrega.
“En los años 2023 y 2024 fue comisionado a la Cámara de Senadores”, añade, reiterando que la reglamentación aplicable, el decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación, en este caso de los años 2021 al 2024 establece taxativamente que en caso de “Traslado temporal: Para el Ejercicio de sus funciones, los funcionarios que se hallen trasladados temporalmente se regirán por las disposiciones internas de la entidad de destino, mientras dure su traslado temporal”.
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Asignaciones complementarias de Torales
La exsenadora responde además a las acusaciones por supuesta doble remuneración de Torales, asegurando que “actualmente la Cámara de Senadores tiene 105 funcionarios comisionados de otras instituciones públicas. Los funcionarios comisionados perciben asignaciones complementarias por parte de la Cámara de acuerdo al cargo y funciones que desempeñan, situación que cuenta con el aval y rúbrica del Presidente de la Cámara de Senadores y el control de la Dirección Administrativa y el Ministerio de Economía y Finanzas”.
“La designación en el cargo de director de bancada y la asignación de los complementos salariales inherentes al mismo, al funcionario José Torales han sido autorizados con estricto apego a las reglas administrativas aplicables y avaladas por el ordenador de gastos de la Cámara de Senadores, el presidente Silvio Ovelar, siendo además revisados y aprobados por las instancias encargadas de la supervisión de los recursos humanos”, agrega.
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