El martes último, la Coordinadora de Abogados del Paraguay, junto con numerosos gremios de profesionales del Derecho del interior del país, presentaron ante el Ministerio Público una denuncia penal en contra de 23 senadores: colorados cartistas y satélites (ver el cuadro).
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Los abogados acusaron a este grupo de legisladores por atentar supuestamente contra el orden constitucional y frustrar la persecución penal al votar por la reposición de los fueros a tres imputados senadores: Hernán Rivas (ANR, HC), procesado por supuesto título universitario falso; Erico Galeano (ANR, HC), imputado por posibles hechos de lavado de dinero y asociación criminal dentro del Operativo A Ultranza Py; y Rafael Filizzola (PDP), por supuesto caso de lesión de confianza en la construcción de comisarías.
La lista de senadores denunciados habría sido elaborada con base en la votación previa, cuando la aplanadora oficialista pidió el “cierre de debate” ya que la votación final se realizó “a mano alzada” en un intento de no dejar registros.
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Cuestionada fiscala tiene a su cargo investigar varias causas que involucran a senadores
Si bien el oficialismo se vio forzado a recular y volver a desaforar a los tres senadores imputados, debido a la crisis política y jurídica sin precedentes que se generó, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación y por sorteo fue designada la cuestionada agente Patricia Sánchez para indagar si hubo o no violación constitucional.
Sánchez también tuvo a su cargo las denuncias por supuesto título falso del imputado senador Rivas y del diputado Orlando Arévalo, ambos cartistas entonces miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Con el caso Rivas, un Tribunal de Apelación devolvió el acta de imputación firmada por Sánchez por “escueta” y “paupérrima” investigación. Con el caso Arévalo, la fiscala desestimó, en dos ocasiones, la denuncia gracias a testigos que el legislador denunciado tenía como asalariados.