En la Cámara Baja se realizó ayer una audiencia pública sobre el proyecto de ley del diputado Derlis Rodríguez (ANR, HC), “que modifica los artículos 06, 136 y 305 de Ley 1286/98 Código Procesal Penal”, que busca reducir los plazos procesales, entre ellos sobre la “duración máxima del procedimiento” y para la “desestimación” de denuncias, donde la mayoría coincidió en que si bien la intención es buena, podría ayudar a blanquear casos complejos como los del crimen organizado y delitos económicos.
El primero en expresar su preocupación fue el juez Penal de Garantías especializado en delitos económicos y representante de la Asociación de Magistrados, Rodrigo Estigarribia, quien sostuvo que acortar de 4 a 3 años la duración máxima de procedimientos podría favorecer con impunidad a casos graves.
“Se tiene que tener en cuenta la complejidad, no es lo mismo un hurto de un celular que un caso de crimen organizado, y con esta limitación a 3 años podríamos dar impunidad en caso de crimen organizado, que es complejo”, sostuvo.
Remarcó que otro problema recurrente en su labor son las “chicanas” para buscar impunidad, por lo que volvió a apelar diciendo: “les pido que no solamente piensen en el procesado, piensen en el ciudadano, piensen en las víctimas, en el crimen organizado, en el narcotráfico, de todas estas cuestiones que afectarán una ‘simple’ modificación procesal”, dijo.
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Reforma sobre plazos procesales generará un “tendal de impunidad”, afirman
El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Jorge Daniel Sabe, se sumó a la preocupación no solo para los casos de acción penal pública sino también privada, donde el plazo que se plantea establecer es aún más corto: 1 año y medio.
Otro punto criticado fue la modificación del Art. 305, que plantea que pasados 30 días de la presentación de una denuncia, si un fiscal no asume la causa, se puede pedir la desestimación.
“Lo que vamos a tener con el plazo de un mes es un tendal de impunidad. Yo entiendo, el justiciable también tiene que tener una respuesta, estoy totalmente de acuerdo, pero estos plazos son de cumplimiento imposible”, dijo la diputada y exfiscala Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).
Ella advirtió que esto sería como una amenaza mayor para los fiscales, que además de lidiar con posibles querellas, está “toda la presión que esta gente recibe por el órgano extorsivo del Jurado de Enjuiciamiento”.
El defensor público adjunto César Cañete y la representante de la Fiscalía, Karina Caballero coincidieron en advertir sobre lo exiguo que son los plazos planteados.