La denuncia contra las autoridades de la Defensoría del Pueblo fue presentada ante el Congreso en notas firmadas por la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista (Conavidis). Acusan al defensor del pueblo, Rafael Ávila, de abandono de cargo y cobro indebido de honorarios. Sostienen que el funcionario no asiste al organismo desde que el grupo acampó frente al mismo.
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Extienden la denuncia a la Defensora Adjunta Natalia Sosa; el director de gabinete Luis Irala y los funcionarios Daniel Peña y Sofía Peran.
“La indolencia, inoperancia e ineptitud para ejercer el cargo de las citadas autoridades y funcionarios se ven reflejadas en la extrema cobardía de abandonar su lugar de trabajo para no dar la cara por la institución ante el simple reclamo de personas a las que supuestamente deben defender”, señala la nota.
Urgen acciones
Los denunciantes también acercaron sus quejas hasta ABC Color. Se identificaron como víctimas y familiares de víctimas de la dictadura, oriundos de Arroyito, departamento de Concepción y Tebicuary Mí, departamento de Paraguarí, entre otras zonas del país.
Entre las denunciantes se encuentran Dolores y Luis López Irala, hermanos de los asesinados y desaparecidos en Guariá Víctor, Sindulfo y Adolfo López Irala.
El gestor del grupo es el abogado Fabio Almada, quien representa a los concepcioneros junto a Arnaldo Andrés Valdez, estudiante de Derecho.
Valdez acusó al defensor del pueblo de dictaminar por montos interiores al máximo estipulado en indeminzaciones por la ley. Dijo que incluso sospechan que la Defensoría del Pueblo desvió fondos en un reciente congreso internacional. Otros miembros del grupo señalaron que Ávila puede ser calificado como “Ofensor del pueblo”; que no quiere hablar “con los pobres” y que prácticamente no habla guaraní.
