La controvertida ley de control a organizaciones no gubernamentales impulsada por el cartismo y promulgada por el presidente Santiago Peña en noviembre da fuerza a los temores de una movida hacia el autoritarismo por parte del Gobierno y sus aliados, según indica un análisis sobre la situación política en Paraguay hecho por la consultora internacional Oxford Analytica.
En su análisis político de Paraguay bajo la administración de Santiago Peña, quien asumió la presidencia en agosto de 2023, Oxford Analytica hace un recuento de algunas de las decisiones más cuestionadas del Poder Ejecutivo y el Legislativo –dominado por el oficialismo cartista– que, a ojos de los analistas, “resalta la dependencia de Peña hacia el expresidente Horacio Cartes” y su “cada vez más confiada” facción Honor Colorado.
“La nueva ley (de control a ONG) aumentará la preocupación por un giro hacia el autoritarismo en Paraguay que la oposición y la sociedad civil difícilmente podrán detener”, indica el análisis, que señala que las convocatorias de protestas contra la iniciativa legislativa no han logrado el acompañamiento de la población y que la oposición política en el Congreso está “gravemente dividida”.
El oficialismo argumenta que la ley busca promover “transparencia” en los manejos financieros de organizaciones civiles, pero la oposición mantiene que la norma podría ser utilizada como “garrote” legislativo contra personas y organizaciones opuestas a los intereses del cartismo.
“Una dirección autoritaria”
El documento de Oxford Analytica señala que Peña asumió la presidencia con una imagen de “modernizador tecnocrático”, pero que ha permanecido comprometido a los intereses de Cartes y Honor Colorado, cuya mayoría en el Congreso ha desplazado al país “en lo que muchos perciben como una dirección autoritaria”.
Señaló como ejemplos la destitución de la senadora opositora Kattya González, una de las voces más críticas contra el cartismo en el Congreso, a principios de este año, o el “acoso” a periodistas en torno a publicaciones referentes a una investigación a Cartes por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero.
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El informe detalla cronológicamente las acciones impulsadas por el cartismo en impulso de la ley “anti-ONG”, desde la instalación de la comisión bicameral “antilavado de dinero” compuesta por legisladores cartistas que ha ignorado escándalos de aparente corrupción y nepotismo en el Legislativo en favor de investigar al expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) por la supuesta filtración de los datos de Seprelad sobre Cartes y en la “intimidación” a periodistas y miembros de organizaciones civiles.
Resalta también la falta de debate en el Congreso al votar el proyecto de ley de control a ONG en sus distintas versiones y el hecho de que el cartismo ignoró los cuestionamientos planteados por organizaciones civiles, empresarios, diplomáticos internacionales e incluso la Iglesia católica.
Polarización en la región
El análisis resalta también la “sorprendente” exención a clubes de fútbol, partidos políticos y grupos religiosos de los alcances de la ley, a pesar de que “iglesias evangélicas y dueños de clubes de fútbol han sido procesados por lavado de dinero” en Paraguay.
El presidente Peña promulgó la ley -aún pendiente de reglamentación- el pasado 15 de noviembre.
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El informe de Oxford Analytica prevé que la creciente identificación del cartismo y, por asociación, el gobierno de Peña con la “derecha radical” internacional, evidente en “crecientes conexiones internacionales” entre los partidarios de Cartes y partidos de derecha en varios países y en la adopción como plataformas electorales de temas como la “ideología de género” y la postura hostil a medidas de conservación medioambiental contribuirán a “profundizar la polarización” en la región.