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Los abogados Carlos César Trapani y Enrique Kronawetter presentaron ayer a las 11:00 en la mesa de entrada de la Cámara de Senadores el escrito firmado por el expresidente de la República Mario Abdo Benítez (colorado), en el cual solicita su desafuero para someterse a la acusación formulada por la Fiscalía en la causa por la supuesta revelación de secretos de servicios y otros.
La causa se abrió con base en una denuncia del también exmandatario y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien señaló a Abdo Benítez y exministros como supuestos responsables de que el Gobierno de los Estados Unidos lo declarase “significativamente corrupto” y le impusiera sanciones económicas y administrativas.
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Recuerda los chats
El documento dirigido al presidente del Congreso, senador Basilio Núñez (ANR- HC), refiere: “Me dirijo a usted, en mi condición de senador vitalicio de la Nación, con el fin de solicitar que la Honorable Cámara de Senadores autorice mi desafuero para ser sometido al proceso relativo a la causa Nº 6898/2023. Hace exactamente un año, el 13 de marzo de 2024, el país entero fue testigo de cómo el Ministerio Público se había convertido en instrumento de un proyecto de persecución política. Los intercambios de mensajes, con una elocuencia notable, dejaron ver la ejecución de un plan diseñado para castigar injustamente a funcionarios que cumplieron con su deber de luchar contra la delincuencia organizada”.
Abdo Benítez aludió a la filtración de supuestas conversaciones entre el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, y uno de los fiscales (en ese momento) de la causa, Aldo Cantero, que revelaron que, presuntamente, el fiscal realizaba diligencias por orden del representante del expresidente y titular de la ANR.
Consagra “la impunidad”
El escrito del expresidente Abdo Benítez agrega: “Con la divulgación de semejante desvergüenza, y la consagración de su impunidad, el Ministerio Público, ese órgano que colocamos en el corazón del sistema penal para resguardar los derechos y garantías, terminó por extinguir la confianza de la ciudadanía. Y es que en tiempos en los que la credibilidad de todo el sistema institucional está en entredicho, más que nunca, las decisiones de los jueces y fiscales -además de serlo- deben ser apreciadas como justas por los ciudadanos. Y eso siguen sin comprenderlo”.
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El documento señala, además: “Debemos revalorizar el imperio de la ley como carta de navegación para guiar los destinos del país. Frente al riesgo de que queden completamente sometidas, tenemos la obligación moral de reafirmar con nuestra palabra y nuestros actos que las instituciones democráticas no son propiedad de nadie. Por el contrario, son la base de una convivencia colectiva en la que nadie es más que nadie. La decisión de solicitar a la Cámara de Senadores mi desafuero, a pesar de haberse comprobado su falta de mérito al tratarse de una farsa, se inscribe en la convicción de revalorizar el trabajo de todos los servidores públicos patriotas que garantizan nuestra forma de vida en democracia”.
