El proyecto de resolución “Por la cual se prorroga el plazo de duración de la comisión especial de investigación de carácter transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “mafia de los pagarés” y se modifica la resolución N° 1111″ figura en el punto 10 del orden del día de la sesión de mañana.
Además de prorrogar el plazo de la vigencia de la comisión a 120 días hábiles, se modifica el inciso “c” del artículo 2° de la Resolución N° 1111, de 9 de abril de 2025, en el que se plantea investigar y describir las modalidades y procedimientos aplicados en el funcionamiento del esquema de descuentos, cesiones de crédito y embargos judiciales.
Así también, prácticas abusivas de cobranza, y utilización de títulos o autorizaciones irregulares, incluyendo el rol de intermediarios, asociaciones, casas comerciales, estudios jurídicos, entidades financieras y entidades estatales.
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Desde su creación, la Comisión ha documentado más de 3.000 denuncias de descuentos indebidos, embargos ilegítimos y prácticas abusivas por parte de casas de crédito, bancos y asociaciones que operaban sin controles adecuados. Se identificaron graves fallas institucionales en la verificación de firmas, consentimiento informado y trazabilidad de las deudas.
El equipo técnico, pese a contar con recursos humanos limitados, logró articular acciones con la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Economía, la Defensa Pública y el Banco Central, lo que permitió avanzar en reformas administrativas y legislativas concretas, como el proyecto que limita descuentos sobre salarios al 50% y la creación de juzgados especializados.
La prórroga se fundamenta en la necesidad de concluir tareas clave, como el fichaje completo de expedientes judiciales, la cuantificación del perjuicio económico, el lanzamiento de un micrositio con información para las víctimas y la redacción de un informe final con propuestas de política pública.
El documento destaca que la continuidad operativa es esencial para consolidar los avances institucionales, reforzar la asistencia a las víctimas y sentar precedentes contra un esquema financiero-judicial que vulneró los derechos de miles de ciudadanos durante años.