Durante la reunión realizada en el Senado se presentó Federico Osorio, en representación de un gremio que agrupa a más de 32 empresas proveedoras de internet y TV paga.
Osorio explicó que las pymes del interior enfrentan una fuerte desventaja frente a las grandes telefónicas, ya que mientras estas últimas ofrecen una amplia gama de productos y servicios —desde telefonía hasta paquetes financieros—, los pequeños prestadores solo pueden comercializar internet o televisión.
“Estamos un poco huérfanos. Las regulaciones se enfocan más en el mercado de las grandes operadoras, mientras que las pymes quedan relegadas. Incluso hemos presentado una denuncia en la Conacom hace un año y medio por posición dominante y hasta hoy no hemos recibido respuesta”, señaló.
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El gremio también propuso que los contratos con los usuarios sean estandarizados y elaborados por Conatel, con la participación de todos los prestadores, para evitar abusos y dar mayor transparencia a la relación comercial.
Datos revelados en los informes de Conatel
En respuesta a consultas de la comisión, la Conatel informó que percibe ingresos por cuatro conceptos:
- Uso del espectro radioeléctrico
- Derechos de licencia
- Inspección técnica
- Tasa de explotación comercial
Las cifras de recaudación muestran un aumento sostenido en los últimos tres años:
- 2023: G. 122 mil millones
- 2024: G. 137 mil millones
- 2025 (hasta julio): G. 109 mil millones
El informe también detalló que los aranceles varían según la magnitud de la inversión, diferenciando entre empresas que invierten menos de US$ 1 millón y aquellas que superan los US$ 5 millones, especialmente en la banda de 3.500 MHz.
Consumidores, calidad de servicio y próximos pasos
El senador Dionisio Amarilla resaltó que la comisión tiene un mandato inicial de 6 meses de vigencia, prorrogables, y que las investigaciones comenzaron tras recibir un sinnúmero de denuncias de usuarios que reclaman tanto por la facturación como por la calidad del servicio.
“Queremos entender por qué se dan tantas quejas de parte de los consumidores. No se trata solo de los montos de pago, sino también de la calidad de los servicios y de una suerte de copamiento de mercado”, afirmó Amarilla.
El legislador adelantó que, además de Conatel, se convocará a la Conacom, la Sedeco y a las principales prestadoras como Tigo, Personal, Vox y Claro.
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La comisión pretende armonizar normativas, revisar contratos de adhesión y evaluar posibles prácticas anticompetitivas, con el objetivo de proteger a los usuarios y equilibrar la relación entre PYMES del interior y grandes multinacionales del sector.
Amarilla dijo que, si bien actualmente la investigación se centra en las telefónicas e ISP, recordó que el alcance de la comisión se amplió también a otros rubros como farmacéuticas, sanatorios y estaciones de servicio, sectores donde también se detectaron posibles abusos hacia los consumidores.