La Cámara de Diputados, cuyo presidente es Raúl Latorre (ANR, HC), y donde los cartistas tienen amplia mayoría, analizará hoy en sesión ordinaria desde las 09:00 un total de seis pedidos de intervenciones municipales. El rechazo y el archivamiento de los expedientes de intendentes están casi confirmados.
Casualmente, tres intendentes son cartistas, con sendos procesos judiciales por supuestos hechos de corrupción y todo apunta a que serán blindados por los oficialistas (ver infografía).
En la misma sesión también se analizará el pedido de intervención contra otros tres intendentes opositores, denunciados por sus respectivas juntas municipales, pero sin procesos judiciales sustanciados.
La postura oficialista es rechazar todos los pedidos, ya que el periodo municipal 2021-2026 culmina el año entrante con la renovación de autoridades. Esa lógica no se tuvo en cuenta con la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).
Con esto dejarán impune a Hernán Ysidro Rivas (ANR, HC), intendente de Tomás Romero Pereira (Itapúa), padre del acusado senador cartista Hernán David Rivas. El jefe municipal tiene denuncias de presunto daño patrimonial por G. 2.000 millones, pero aunque el fiscal Néstor Coronel investiga el caso, no hay avances aún.
Tomás Olmedo (ANR, HC), intendente de Ñemby, fue denunciado por un presunto daño patrimonial de al menos G. 700 millones. Fue imputado, pero en abril fue sobreseído. Ante las críticas contra el Ministerio Público, la fiscala Tamara Ávalos dijo que con este trámite tiene un año más para acusarlo.
César Machuca (ANR, cartista), intendente de Ybyrarobaná (Canindeyú), tiene denuncias por supuestas obras “fantasma”. Apenas en enero último la fiscala Inés Estigarribia allanó la comuna, pero tampoco hay avances en su caso.
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Intendentes opositores utilizados por el cartismo
Para lograr salvar a los colorados, el cartismo agregó el pedido de intervención contra Juan M. Ávalos (Alianza), intendente de Lima (San Pedro), denunciado por la Junta, pero sin causa penal abierta.
Se suma el caso de Silvio Andrés Peña (PLRA), intendente de Emboscada, denunciado por la Junta, pero sin investigación fiscal. Finalmente, el caso de Vidal Argüello (Alianza), intendente de Yby Yaú.