Senadores de la oposición elaboran en paralelo dos acciones contra sus colegas oficialistas Norma Aquino (ANR-HC), conocida como Yamy Nal, y Javier Vera, alias Chaqueñito, tras la filtración de audios que revelan supuestos negociados con la donación de US$ 8 millones de Taiwán, reparto de cargos y hasta un esquema de “precio de votos” en el Congreso.
Por un lado, se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, y por otro, se avanza en la recolección de firmas para un libelo acusatorio de pérdida de investidura, que, hasta ahora, cuenta con siete rúbricas, pero aún no alcanza las 11 necesarias para su presentación oficial.
En la presentación dirigida al fiscal general, Emiliano Rolón, los denunciantes sostienen que los audios divulgados el 11 de septiembre exponen graves hechos de corrupción pública.
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Apertura de investigación y allanamientos
Entre estos hechos, se menciona la repartija de la donación de Taiwán destinada a la compra de ascensores del Congreso, el uso indebido de influencias para ubicar allegados en cargos de Itaipú, la supuesta existencia de “vehículos planilleros” para desviar fondos de la binacional y la cotización de votos legislativos en US$ 20.000.
El escrito pide a la Fiscalía la apertura inmediata de una investigación penal, el allanamiento e incautación de documentos en Itaipú, en especial sobre alquileres de vehículos y designaciones de funcionarios en los últimos dos años, así como la solicitud de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la aplicación de los US$ 8 millones donados por Taiwán.
También se requiere la recopilación de evidencias en la Cámara de Senadores respecto a funcionarios mencionados en los audios y sus vínculos con legisladores.
Los denunciantes señalan que los hechos podrían configurar delitos de lesión de confianza, estafa, cohecho pasivo, soborno, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, entre otros.
Pérdida de investidura por uso indebido de influencias
De forma paralela, siete senadores opositores ya suscribieron un libelo acusatorio que busca la remoción inmediata de Aquino y Vera, con base en el artículo 201 de la Constitución, que establece la pérdida de investidura por “uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”.
El documento sostiene que los audios revelan la repartija de la donación taiwanesa, de la cual solo US$ 1 millón sería destinado a ascensores y el resto distribuido entre senadores oficialistas.
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También el documento menciona la existencia de un esquema de compra de votos en el Congreso por veinte mil dólares; negociados en Itaipú con pedidos de cargos y supuestos alquileres ficticios de vehículos para generar ingresos indebidos, así como condicionamientos y amenazas internas para obtener favores políticos a cambio de silencio cómplice.
El escrito subraya que estas conductas no solo comprometen la ética legislativa, sino que también podrían ser constitutivas de tráfico de influencias y otros delitos penales, razón por la cual, además de la vía constitucional de pérdida de investidura, corresponde la intervención de la justicia.
