El presidente Santiago Peña consignó en su declaración jurada actualizada al 30 de setiembre de 2025 que estaba en trámite la titulación del terreno de 1/2 hectárea en San Bernardino y en la cual construyó apenas asumió su gobierno una casa de verano, cuya valoración es de G. 7.750 millones, alrededor de US$ 1.091.000. Según el mandatario, esa porción de tierra compró en 2023 (sin especificar una fecha) por G. 1.450 millones, que pagó con un cheque por la venta de otra propiedad.
Al momento de esa supuesta operación sobre el inmueble aparecía como dueño el exfuncionario de la Sindicatura General de Quiebras Walter Ruiz Maciel y su esposa Teresa Quevedo, de acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Catastro (SNC).
Lo llamativo es que ahora, con el trámite de titulación iniciado por el presidente Peña, la propiedad, cuya superficie total es de 14 hectáreas, pasó a nombre de la empresa inmobiliaria Ruser Group SA, cuyos accionistas son Ruiz Maciel, su esposa Quevedo de Ruiz y Diego Serrati, representante de futbolistas.
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Sin embargo, consultas realizadas en el portal web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) evidencian que Ruser Group SA no aparece inscripto como sujeto obligado, tal como establece el artículo 13 de la ley N° 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de bienes o dinero”.
Más sugestivo es que con el trámite de titulación en marcha el presidente Santiago Peña ya recae en el periodo de una Persona Expuesta Políticamente (PEP). Es decir, los sujetos obligados, en este caso la inmobiliaria y escribanía, deben realizar y documentar las debidas diligencias sobre esa operación, según la resolución N° 50 de Seprelad.
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Ruiz Maciel y su esposa, en forma personal, aparecían inicialmente con todos los trámites en torno a la propiedad, desde la Declaración de Impacto Ambiental hasta el pedido de fraccionamiento del terreno ante la Municipalidad de San Bernardino.