En la sesión ordinaria de la fecha, la Cámara de Diputados debe tratar la intervención a siete intendentes, cuyos casos vienen siendo “cajoneados” desde hace casi un año.
El diputado Raúl Benítez (PEN) indicó que estos siete pedidos de intervención -contra tres jefes comunales cartistas y cuatro opositores- quedarían en el “oparei”.
Según relató, el argumento de quienes impulsan el blanqueo sería que ya no vale la pena una intervención debido a la proximidad de las elecciones municipales de 2026.
“Hoy se va a concretar ese plan de enfriamiento que se pactó hace 90 días aproximadamente cuando esos proyectos se habían enfriado. Directamente, al frezzer un tema que la gente va a tener la posibilidad de sacarlo del frezzer en las elecciones siguientes, no eligiendo a los mismos”, dijo.
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Padre de Hernán Rivas, salvado
Hernán Ysidro Rivas, intendente cartista de Tomás Romero Pereira y padre del senador cartista David Rivas, será uno de los beneficiados a pesar de las graves denuncias. Según Benítez, se trata de un “jugador del cartismo aparentemente muy clave”.
“Cuando no se trata de sus amigos, te arman toda una parafernalia, un acto dramático como la última causa de corrupción de la República, como pasó con Miguel Prieto en su momento y cuando se trata de los amigos prácticamente ni se habla, hay mucho silencio”, añadió.
Además de Rivas, también están pendientes los pedidos de intervención de los jefes comunales de Ñemby, Tomás Olmedo; de Lima (San Pedro), Juan Manuel Ávalos (Alianza); del cartista de Ybyrarobaná, César Machuca; del liberal de Emboscada, Silvio Andrés Peña; del intendente opositor (Alianza) de Yby Yaú, Vidal Argüello; y del también opositor (Alianza) de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel.
Señalamientos a la Corte Suprema
Por otra parte, se refirió a la supuesta reunión secreta de los ministros de Corte Suprema de Justicia (CSJ) con miembros del cartismo. Indicó que no hay necesidad de confirmar ello para saber que “tenemos una Corte sometida, cobarde y entregada al cartismo”.
Cuestionó que el máximo tribunal no se pronuncie sobre la inclusión de los recursos de Itaipú al presupuesto general de la Nación, sobre la expulsión presuntamente irregular de Kattya González del Senado y el escándalo “Mafia de los pagarés”.
“La reunión no habrá sido para trazar una hoja de ruta, sino para hacer la cena de fin de año”, afirmó.
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No obstante, no descartó que la cumbre pueda haber sido para tratar la amenaza de juicio político a los ministros de la Corte. Agregó que la presunta reunión confirma el deterioro de la imagen de la Corte frente a la opinión pública.