La Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) se reúne mañana desde las 9:00 y en el punto N° 11 del orden del día figura el pedido de interpelación a Francisco Ruiz Díaz, cuestionado titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La oposición exige al presidente de la República, Santiago Peña, la destitución del funcionario ante las escandalosas adjudicaciones de valiosos y estratégicos inmuebles, a precios ridículamente bajos, en las inmediaciones del futuro puente internacional que conectará nuestro país con Brasil en la zona de Carmelo Peralta (Alto Paraguay).
Dichos predios eran solicitados por Aduanas, la DNIT y la intendencia local, pero el Indert prefirió entregar los terrenos a un empresario, a una joven y a la madre de esta. Se suma otro caso de 2.000 hectáreas en Mariscal Estigarribia para la hija del empresario Isacio Vallejos, que opera en el tramo 4 del Corredor Bioceánico. (Ver la infografía).
Desde el oficialismo, ya se agotó la estrategia de pretender echar la culpa a las autoridades del Indert durante la presidencia de Mario Abdo Benítez, debido a que todas las adjudicaciones tienen la firma de Ruiz Díaz. No se descarta que este último sea reemplazado dentro del Poder Ejecutivo.
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Este cambio podría darse ya que los opositores y disidentes tendrían los votos necesarios. Tampoco resultó que el presidente Peña saliera en defensa de Ruiz Díaz y lanzara improperios racistas contra el senador Eduardo Nakayama (independiente), uno de los impulsores del pedido de interpelación.
La oposición atribuye a Ruiz Díaz posibles violaciones del Estatuto Agrario, presunta afectación a la soberanía en zonas de frontera, revocación de reservas estatales previamente consolidadas, posibles conflictos de interés y un daño patrimonial estimado en más de G. 28.000 millones.
No es la primera vez que un gobierno colorado enfrenta escándalos de corrupción en Indert. En 2019, el entonces titular del ente, Horacio Torres, presentó su renuncia al cargo, presionado por el caso de coimas de US$ 25.000 que fueron solicitadas supuestamente desde la institución. De esta forma, se salvó de la inminente interpelación impulsado entonces por la Cámara de Diputados.