Concejales opositores del distrito de Jesús de Tavarangüé, en Itapúa, denuncian que los privan del pago de sus dietas y gastos de representación desde marzo del año pasado. Presumen que existan trasfondos políticos y que se trata de una “vendetta política” del actual jefe comunal, Víctor Garay (ANR).
Los afectados serían Idilia Peralta (ANR), Sulema Schlender (ANR), Gustavo Giménez (ANR) y Antonio Rolón (PLRA). Los mismos solicitaron una mediación judicial que debía cumplirse el pasado 10 de diciembre, a la que no acudió Garay, según afirman.
Los ediles refieren que fueron quienes acompañaron la denuncia ante el Ministerio Público y la Contraloría ante presuntas irregularidades en la gestión de Garay, actualmente acusado por presunta lesión de confianza, a espera de que se cumpla el juicio oral y público. Según indican, esto significó una especie de “castigo” para los opositores.
Según la acusación del Ministerio Público, Víctor Garay habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la comuna de G. 2.443.432.795 durante el 2022. Se fundamenta principalmente en que se pagaron servicios que nunca se ejecutaron.
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¿Venganza política?
El intendente quedó fuera de la Municipalidad por tres meses, debido a una medida cautelar emitida por el Juzgado Especializado en Delitos Económicos. No obstante, la medida fue revocada y el intendente retomó la Municipalidad desde el año pasado.
A su retorno, quien lo reemplazó como intendenta interina, la concejal Peralta, fue denunciada por Garay por una supuesta lesión de confianza, presuntamente a modo de “venganza”.
Según la versión de Peralta, es investigada por no haber depositado G. 120 millones de recursos genuinos. “Cuando tomamos la Municipalidad estaba vacía, se habían robado las computadoras, chequeras y la cuenta no estaba a mi nombre”, sostuvo. Indicó que tiene documentos que respaldan los gastos y, según las pericias, correspondería a una falta administrativa.
Entretanto, los cuatro concejales afectados afirman que los concejales afines a Garay, tienen al día sus cobros. Las oportunidades en que conversaron con el intendente, les prometió regularizar la situación, pero a la fecha no hubo respuesta favorable, afirmaron.
Indicaron que cada año se presupuesta alrededor de G. 170 millones para el pago de dietas y salarios de funcionarios de la Junta Municipal. El monto que reclaman sería de G. 1.600.000 mensuales desde marzo del 2024, que debían haber percibido cada uno.
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Judicializarán el caso
El concejal Rolón manifestó indignado que es una pena pasar por esta situación. Además, refirió que “nosotros no podemos acompañar la corrupción y por eso estamos pasando esto”, sostuvo.
Los concejales advirtieron que tomarán otras medidas judiciales en lo civil atendiendo que no reciben respuesta a su pedido.
Intentamos comunicarnos con el intendente municipal Víctor Garay, pero no respondió a llamadas y mensajes al cierre de esta edición. Permanecemos abiertos a si desea expedirse al respecto.