“Así mismo, y vamos a cumplir con ese compromiso, nos hemos comprometido y estamos muy avanzados ya en el proceso de la compra de los escáneres. De todas maneras, nosotros hemos continuado siempre la búsqueda de los desaparecidos, de Félix Urbieta, de Edelio (Morínigo) y de, por supuesto, el exvicepresidente Óscar Denis. Y esa búsqueda no termina. Estamos constantemente tratando de encontrar información de inteligencia y, obviamente, cuando tenemos algún elemento en el terreno salimos a buscar”.
Así manifestó ayer el presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), en una rueda de prensa, tras su visita al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en el distrito de Arroyito, departamento de Concepción. Peña aludió a los tres secuestrados en manos de grupos criminales, como el EPP.
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Se trata del entonces suboficial segundo de la Policía Nacional Edelio Morínigo Florenciano, quien tenía 25 años cuando fue raptado el sábado 5 de julio de 2014, cuando estaba de cacería en un monte de la estancia Macchi Cue, en la zona conocida como Arroyo de Oro, distrito de Arroyito.
El secuestro de Edelio se produjo en el gobierno de Horacio Cartes y se prolongó durante todo el periodo de Mario Abdo Benítez y parte de Peña. Hace 11 años el uniformado había ido de cacería junto con vecinos, amigos y algunos familiares de su esposa Elisa Ledesma.
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Según los testigos, cuando estaban en uno de los montes de la estancia María Auxiliadora aparecieron hombres y mujeres que portaban armas cortas y largas. En ese momento los desconocidos los obligaron a tirarse al suelo, los dominaron y luego empezaron a identificarlos. En la zona se halló un arma con el sello de la Policía.
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También fueron plagiados por grupos terroristas el exvicepresidente de la República Óscar Denis Sánchez (PLRA), el 9 de septiembre de 2020, y el ganadero Félix Urbieta, el 12 de octubre de 2016, en Horqueta. Peña dijo que el Estado tiene dispositivos que “nos han facilitado de otras instituciones” para la búsqueda de los secuestrados. Indicó que el Gobierno está en “proceso de compra” para que el Estado y el Ministerio Público cuenten con herramientas de investigación