El presidente de la República, Santiago Peña, visitó ayer a las 09:00 a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y 17 minutos antes recién la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República, a cargo de Guillermo Grance, informó a los periodistas acreditados. En la agenda original no figuraba esta actividad.
El encuentro de Peña con todos los ministros de la Corte (ausente Alberto Martínez Simón, por viaje) tuvo por objetivo intentar recomponer su alicaída imagen, tras la reunión secreta que mantuvo con seis de los nueve altos magistrados que responden al Partido Colorado. El hecho puso en tela de juicio la institucionalidad democrática del país por tres motivos: el secretismo de la reunión, la (posible) presencia del titular de la ANR, Horacio Cartes, y la selectividad de los invitados.
Para intentar arreglar la situación, algunos ministros de la Corte buscaron justificar el encuentro días después, manifestando que se habló aquella vez sobre temas presupuestarios. Luego negaron la presencia de Cartes y ayer Peña visitó a todos los ministros y no solo a seis.
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El jefe de Estado buscó una excusa para darle un contenido formal a su visita: la firma de la promulgación de la Ley Nº 7561 de Arbitraje.
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El Congreso Nacional sancionó el 30 de setiembre pasado, con varias críticas de legisladores por la rapidez del tratamiento sin debate serio y con posibles artículos inconstitucionales inclusive, la independencia del Poder Judicial. Esta normativa reforma la Ley 1879/02.
En la reunión de ayer estuvieron presentes siete ministros de la Corte: César Diesel Junghanns (presidente), Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos y Gustavo Santander Dans. De manera telemática participó César Garay Zuccolillo y por viaje no participó Alberto Martínez Simón.
Tras la reunión, el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno Rodríguez, informó que Peña promulgó la Ley de Arbitraje. Entre los puntos relevantes de la normativa, citó el artículo 10 de la “Competencia de los órganos jurisdiccionales en la colaboración y control judicial”.
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También indicó qué tipo de causas pueden ir a arbitraje y cuáles no. En cuanto a las críticas relacionadas con el arbitraje a instituciones públicas, contestó que eso ya estaba permitido en la ley anterior. Indicó que esta nueva normativa establece una larga lista de momentos en los cuales el Estado puede o no someterse al arbitraje. “No es una cuestión de si yo quiero o no quiero, ninguna inversión grande, ninguna app se va a hacer si no es con una cláusula arbitral”, dijo.