Un comunicado emitido por la Itaipú, a inicios de este año, confirma una denuncia de los jubilados de la binacional mediante la cual se les informa que desde el 1 de enero de 2026 la provisión de medicamentos en el marco del Programa de Asistencia Médica, Hospitalaria y Odontológica- Margen Derecha (PAMHO MD) se canalizará mediante el convenio suscripto entre la entidad y la cadena de farmacias, Farmacenter. Esta firma está ligada al expresidente de la República y actual titular de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes. Según el anuncio, la medida rige para Asunción y alrededores como Ciudad del Este y comunidades vecinas.
El comunicado detalla que todos los beneficiarios del PAMHO-MD, con excepción de los padres, tienen derecho a la provisión de medicamentos de uso continuo, siguiendo los procedimientos correspondientes según cada caso.
El PAMHO es el sistema de salud que Itaipú ofrece a sus empleados, jubilados, pensionados y sus dependientes, garantizando la preservación y recuperación de su bienestar -tanto en la margen paraguaya como brasileña- a través de seguros médicos y reembolsos gestionados directamente por la entidad.
Hasta finales del año pasado, el acceso a las medicinas era mediante diferentes farmacias, lo que otorgaba a los beneficiarios libertad de elección. Sin embargo, desde este año se recurrió a una especie de “exclusividad”, relataron los afectados.
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La compra de los medicamentos en el marco del PAMHO es solventada 100% por la Itaipú, cuyo director paraguayo es Justo Zacarías Irún, exgobernador del Alto Paraná y exdiputado colorado cartista. Zacarías fue designado en el cargo por el actual presidente de la República, Santiago Peña.
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Completó documentación
El superintendente de Comunicación de la Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, confirmó la veracidad del comunicado y afirmó que no se trata de ninguna “exclusividad” sino que la mencionada cadena de farmacias es con la que se completó el proceso de documentación. “De ninguna manera significa exclusividad. Las negociaciones con las otras cadenas que operan normalmente con la Itaipú siguen en proceso”, aseguró.
Dijo que las negociaciones siguen en proceso con las demás proveedores interesadas. “Los convenios normalmente duran un año y la mayoría estaba venciendo el 1 de enero. Hoy siguen las negociaciones para la firma de convenios”, contestó.
Rodríguez alegó que el comunicado buscaba trasmitir a los compañeros que lejos del ruido interesado de algunas proveedoras nadie quedaría sin provisión de medicamentos mientras dure el proceso de renovación. “El temor a la pérdida de un negocio de la patria contratista afectada a este rubro y que genera ‘versiones’ no es responsabilidad de la Itaipú. Hoy no hay un solo compañero o jubilado que no disponga de este beneficio de provisión de medicamentos continuo”, señaló al defender el comunicado.
Al insistírsele sobre la información de vigencia y la falta de los detalles en el aviso, contestó: “Hermenéutica. ‘Desde’ habla de vigencia no de exclusividad. Además si un convenio tiene fecha de vencimiento debe considerarse” (sic).
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Alquiler de camiones por G. 6.580 millones
La Itaipú, a cargo de Justo Zacarías Irún, se encuentra actualmente a cargo de otro millonario proceso de selección de precios destinado al alquiler de camiones de carga. El llamado es por más de G. 6.580 millones y abarca una cobertura operativa sobre toda la República del Paraguay.
La serie de documentos publicados en el portal web de la binacional detalla el presupuesto y las normativas técnicas exigidas a los oferentes, pero existe una omisión deliberada y llamativa sobre la finalidad institucional o el uso que se les dará a estos vehículos de gran porte.
Las especificaciones técnicas dividen la contratación en dos grandes categorías: por un lado, camiones de eje sencillo con capacidad para 5.000 kilos y bordes de carrocería alta por G. 2.170 millones, y por el otro, unidades de doble eje con capacidad de 15.000 kilos por G. 4.410 millones, sumando entre ambos un recorrido de miles de kilómetros.
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Uno de los puntos más críticos (3.5) del documento es que la adjudicada deberá garantizar obligatoriamente la capacidad operativa para prestar los servicios de manera simultánea en distintos departamentos del país.