“Si hay más niños que anteriormente sus padres pagaban una cuota para mandarle a un colegio privado y hoy decide enviarle a un colegio público, quiere decir que esa gente va a tener más plata en su bolsillo”, ya que “si yo tengo tres hijos, son G. 1.500.000. Si soy una familia de un padre que gana sueldo mínimo, estamos hablando de un aumento del 50% de su salario”, dijo Peña
Esto fue lo expresado el pasado viernes por el presidente de la República, Santiago Peña, como sugerencia de un mecanismo para que las familias “tengan más plata”. Es decir, cambiar a sus hijos de escuelas privadas a públicas, algo que él, evidentemente, no predica con el ejemplo.
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De acuerdo a lo expresado por Peña, se podría ahorrar hasta G. 500.000 por cada hijo, enviándolo a escuelas públicas, donde además de cuestionable formación, en muchos casos siguen con carencias básicas de infraestructura, desde aulas con riesgo de derrumbe hasta otros que directamente siguen dando clases bajo árboles.
A esta “receta” se une lo que había dicho en la última campaña electoral: Que los títulos universitarios o pergaminos colgados en la pared no son importantes para acceder a cargos sino más bien ser afiliado del Partido Colorado.
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Es raro que el Presidente de la República, que siempre se jactó de su formación universitaria en los Estados Unidos de América –mismo privilegio que ahora tiene su hija Constanza– plantee “ahorrar” a costa de una educación de menor calidad.
“Lastimosamente, hay muchos correligionarios que no entienden, que creen que los cargos que tienen son porque son guapitos, porque tienen la pared llena de títulos. Pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado y eso es lo que vamos a votar el 30 de abril (de 2023)”, afirmó Peña en un acto político en Alto Paraná.
A esto habría que sumarle que los grandes “planes” de este Gobierno en torno a educación están manchados con graves sospechas de negociado.
Es el caso de los llamados “pupitres chinos de oro” adjudicados a través de la Itaipú Binacional (cuyo director es el cartista Justo Zacarías Irún) por US$ 32 millones a una firma que vendía frazadas y ropa de cama, la empresa Kamamya, del ciudadano chino Long Jiang, con fuertes vínculos con este Gobierno.
Resultó que Long Jiang, ya en época de campaña le prestaba su avión privado para sus vacaciones en el exterior a Peña, y una camioneta de una de sus empresas terminó en poder de la firma Real Viviendas EAS, de la cual Peña es accionista.
El programa Hambre Cero también hace agua, con deudas a los proveedores a 43 días del inicio de las clases.
Sí a jubilación vip para unos
El Gobierno de Santiago Peña ahora impulsa fuertemente una reforma a la Caja Fiscal vía proyecto de ley. Sin embargo, se da en medio de enormes mentiras del mandatario en campaña, y peor aún, defendiendo los privilegios y la “jubilación vip” de los legisladores por el simple hecho de que le son útiles para aprobar todas las leyes que quiere.
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En estos días, volvió a tomar relevancia un video en campaña del ahora presidente Peña, donde prometía a los policías que no se tocarían las condiciones de su jubilación, y ahora son, junto con los militares, docentes (nacionales y universitarios) y los magistrados judiciales, a quienes quieren modificar sus condiciones de retiro.
De vuelta, en este caso no se reprocha el ajustar las condiciones para evitar un colapso de las cajas fiscales, sino la mentira de Peña.
“Vas a tener un presidente de la República que se va a segurar que la jubilación de los policías no se toque ni un milímetro y el único cambio que podríamos llegar a ver es para mejorar las condiciones, pero jamás para disminuir”, había afirmado en un mitin político del entonces candidato a senador y comisario retirado Abel Cañete (ANR, HC) en 2022.
Además de la falsedad de su discurso, al mandatario se le reprocha la defensa de “castas superiores” como la de los legisladores, cuya “jubilación vip” defendió feroz y vergonzosamente a mediados del año pasado.
“Yo sé que, ciertamente, hay mucha gente que con mucha ligereza, cuestiona los supuestos privilegios que tiene la clase política, en este caso los congresistas , pero yo hoy le diría que el Congreso de la Nación, el Congreso paraguayo, por supuesto, salvando todas sus diferencias y su independencia, pero mayoritariamente que quienes han apoyado las leyes que nosotros hemos planteado, definitivamente se merecen (la jubilación vip). Yo no tengo ninguna duda”, había dicho en un acto en Luque en junio del año pasado.
La Caja Parlamentaria también recibe un auxilio de unos G. 3.500 millones al año, sin embargo, la propuesta de reforma solo van contra un sector del funcionariado público. Esto incluso sin entrar a sospesar la enorme diferencia de privilegios jubilatorios. Pretenden que los docentes, policías y militares lleguen a los 62 años para cobrar el 100% de sus haberes jubilatorios.
Mientras, los legisladores pueden jubilarse con el 85% de la dieta actual (serían unos G. 30.320.000 al mes) solo con 55 años de edad y 15 años de aporte.
Impulsó la ley de la Superintendencia de Jubilaciones que, hasta ahora, solo sirvió para favorecer a sus exsocios comerciales.
Miden pobreza con “latte y cheese cake”
La líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Rocío Abed, pareja del titular de Itaipú, Justo Zacarías, había “revolucionado” todas las técnicas censales de medición de la pobreza y del ingreso económico en nuestro país, al afirmar ante el pleno de Diputados que supuestamente “ya estamos mejor” porque vio a mucha gente consumiendo café latte y cheese cake en un evento privado en Asunción.
“Un festival de café que juntó más de 3.000 personas por día. Gente probando café de especialidad, comiendo postres, escuchando flamenco y comprando vinilos ¿Eso es lo que hace la gente en un país quebrado? ¿Salir a gastar en latte, vainilla y cheese cake? No, eso es lo que hace una sociedad que está viva, que se da los gustos, que apuesta por el trabajo, la cultura y el encuentro”, había dicho.
Ella cobra del Estado G. 37.900.000 al mes y su esposo, G. 154.518.455 mensuales.
“Viven en las nubes” y no sufren los peajes
Hace apenas un fin de semana atrás, un centenar de personas que supuestamente intentaban disfrutar de la temporada de vacaciones tuvieron que sufrir largas horas de espera en el peaje ubicado en la Ecovía (Ruta Luque-San Bernardino) y en vez de prometer mayor eficiencia, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, le tiró la responsabilidad al ciudadano, instándole a que “planee mejor” sus viajes.
“Instamos a la ciudadanía a planificar sus viajes, estar atentos a nuestras redes y a las de Rutas del Este, porque hay horarios de mayor afluencia de tránsito(...) Hay que planificarse, es normal; es una vía que efectivamente está al límite de su capacidad, principalmente en momentos puntuales, como los fines de semana del verano”, señaló Centurión.
En realidad, la larga fila se generó porque aparentemente pusieron a personal inexperto de la empresa adjudicada (vinculada al senador colorado Luis Pettengill) con la concesión de la ruta (pese a que aún no iniciaron las obras), e incluso dejaron de utilizar mecanismo de pagos electrónicos. Para colmo, este es un tramo donde desde el primer día del año 2025 (hace un año) subieron arbitrariamente el costo del peaje, sin discriminar incluso para pobladores que todos los días usan el tramo.
Las largas filas son un problema que no afectan al presidente de la República, Santiago Peña, que para ir periódicamente a su lujosa casa de verano en San Bernardino –junto a su familia– utiliza el helicóptero presidencial, cuyo combustible y otros gastos de operatividad los financia la ciudadanía.
De sugerir puchero a traer carne europea
Lo que antes era una tradición de los domingos, el asado, en este gobierno se volvió un lujo para pocos y hasta ahora las promesas de bajar el precio de la carne vacuna quedan solamente en eso: en promesas. Algunos, como el senador y empresario del rubro frigorífico Luis Pettengill (ANR, Fuerza Republicana), sugirieron al ciudadano olvidar los cortes “premium” y optar por el puchero, mientras que el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, planteó importar carne de Europa, aprovechando la futura firma de acuerdo con Mercosur.
“El puchero cuesta 9.000 o 10.000 guaraníes, o sea, yo creo que no es algo que no se pueda comprar. En los últimos 20 años, de G. 6.000 habrá subido a G. 10.000”, planteó Pettengill, que cuando se le insistió que “el pueblo” –como él se refirió al común– también tiene derecho a comer cortes mejores o una milanesa, preguntó: “Bueno, ¿pero de carne premium?”.
La semana pasada, el gobierno de Peña, lejos de buscar mejores condiciones para el ingreso de todos los ciudadanos, se reunió con empresarios del sector cárnico para apelar a que reduzcan sus márgenes de ganancia.
Para colmo, ahora con el anuncio de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur), el titular del MIC sugirió una idea difícil de contemplar, que supuestamente para “abaratar” los costos de la carnes se podría hasta importar carne europea.
“En todo caso lo que va a hacer (el acuerdo) es mejorar el precio de la carne, porque si hay un precio interno muy elevado, ¿quién te dice que no podamos importar carne de alguna finca en Europa para vender en nuestros supermercados y viceversa?”, planteó Giménez.