“Desde el 1 de julio al 19 de diciembre se sancionaron 118 leyes, de las cuales 50 fueron de Iniciativa de la C. de Diputados, 33 de la C. de Senadores, 34 corresponden a iniciativas del Poder Ejecutivo y 1 a la Corte Suprema de Justicia”, resume el informe oficial elaborado por la Dirección de Estadísticas de la Cámara Baja.
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Como si de un chiste se tratase, el Poder Legislativo cuyo nombre justamente describe su rol principal, el de legislar, se muestra sometido a los deseos del Ejecutivo, algo que de hecho se volvió un sello identificatorio del Gobierno de Santiago Peña, que bautizó a su mayoría aplastante en ambas cámaras como la “aplanadora del bien común”.
Si bien el artículo 203 de la Constitución “del origen y la iniciativa” legislativa faculta al Ejecutivo y al Judicial promover leyes, en este caso ya roza los límites del artículo 201, que señala que “Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos”.
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Esto ya que Peña definió su relación con el Congreso como de “toma y daca”, tal como lo dejó en claro cuando defendió los privilegios y la “jubilación vip” de los legisladores a mediados de julio del año pasado.
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“Yo sé que ciertamente hay mucha gente que con mucha ligereza cuestiona los supuestos privilegios que tiene la clase política, en este caso los congresistas, pero yo hoy le diría que el Congreso de la Nación, el Congreso paraguayo, por supuesto, salvando todas sus diferencias y su independencia, pero mayoritariamente que quienes han apoyado las leyes que nosotros hemos planteado, definitivamente se merecen (privilegios). Yo no tengo ninguna duda”, había dicho Peña.
Precisamente mencionando los privilegios, el otro aspecto criticable en este caso es que los legisladores le salen muy caro a la ciudadanía como para que otra vez se pasen “raboneando” o cumplan a duras penas con su función de legislar.
Cada legislador (diputado o senador) cobra al mes G. 37.900.000, poseen una “jubilación vip” mediante la cual pueden jubilarse con solo 55 años de edad y 10 años de aporte y cobrar el 60% de la dieta actual (G. 22.740.000) o con el 80% (30.320.000) con 55 años de edad y 15 de aporte.
En julio del año pasado (periodo contemplado por el informe de Diputados), el Ejecutivo presentó al Congreso un paquete de 10 leyes que en su mayoría pasaron como por un tubo, salvo uno que se vieron forzados a frenar en Diputados por presión de opositores y disidentes, así como del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande).
Se trata del proyecto de ley que planteaba que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) absorba a la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y al Viceministerio de Minas y Energías, el cual fue el punto controversial. El resto de los proyectos fueron sancionados.
Reunión secreta
El Legislativo no es el único con sospechas de sometimiento en favor del Ejecutivo, sino también el Poder Judicial, más aún después de la controvertida reunión secreta que se ventiló a finales del año pasado, realizada en Mburuvicha Róga.
Luego de que a través de la prensa se divulgara que los ministros de Corte: César Diesel (presidente de la CSJ), Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, César Garay, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón mantuvieron una reunión a escondidas, estos se vieron forzados a admitirla.
Además de excluir a los ministros de Corte no arrodillados al oficialismo, también se mencionó que del encuentro participó el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, lo cual luego tras ambiguas declaraciones, Peña intentó negar. Lo cierto es que tras la reunión, Peña premió a la Corte con la ley que les permite mantener sus feudos en circunscripciones judiciales.