Un hombre de 70 años falleció luego de ser víctima de un asalto domiciliario perpetrado por cinco delincuentes. Entre ellos estaba Emerson Giovanni Ruiz Costa (20), alias “Pingüi”, quien también murió tras recibir disparos por parte del dueño de la vivienda.
El asaltante abatido contaba con antecedentes por homicidio y tenía órdenes de captura vigentes por homicidio doloso. Además, según la Policía, tenía prohibición de portar armas de fuego y de salir del país.
Publicaciones periodísticas indican que en enero de 2025 fue detenido e imputado por tentativa de homicidio, tras herir con un disparo a una niña de 6 años durante una gresca con un vecino de la víctima. Este hecho ocurrió mientras cumplía arresto domiciliario, medida que le había sido impuesta por un caso previo de tentativa de homicidio.
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Pedido de informes a jueces y fiscales
El diputado cartista José Rodríguez afirmó que solicitará informes sobre la actuación de los jueces y fiscales que liberaron al delincuente abatido.
“Hay que ver los requerimientos de los fiscales y las fundamentaciones de los jueces del porqué lo liberaron”, dijo.
Rodríguez recordó que existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que establece que los procesados con antecedentes graves deben cumplir prisión preventiva.
Advertencia de enjuiciamiento y posible destitución
El legislador sostuvo que, de comprobarse errores o negligencias, los responsables deberán ser remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Rodríguez insistió en que los jueces y fiscales no pueden liberar a criminales peligrosos. “Tenemos que ver la acción. Si han cometido un error, tienen que ir al JEM para ser destituidos”, afirmó.
Además, anunció que en el próximo período parlamentario, que se inicia en marzo, la Comisión de Legislación debatirá sobre la figura de la legítima defensa.
Reincidencia criminal
Por su parte, el senador cartista Derlis Maidana hizo un análisis sobre la reincidencia criminal y la cantidad de procesados sin condena en el sistema penitenciario, que —según indicó— son más de 18.000 y cada año se suman otros 1.000.
Refirió que el sistema está sobrepasado, aunque no descartó negligencia puntual de algunos magistrados.
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“Tenemos que seguir trabajando con el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública y el Congreso con algunas modificaciones legales para combatir este flagelo”, afirmó.
Asimismo, señaló que cada caso debe investigarse y que el JEM debe endurecer sanciones frente a actuaciones negligentes.