La auditoría sobre el proceso de otorgamiento de licencias de la banda 3.500 MHz para 5G, encabezado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, dejó tres observaciones centrales, según detalló Fernández en entrevista.
El análisis fue “meramente documental”, precisó, y aun así evidenció que al inicio del proceso no se presentaron documentos sustanciales exigidos por el pliego, tanto en materia de experiencia como de capacidad económica. Si bien esos papeles fueron entregados posteriormente, la Contraloría advierte que la ausencia inicial pudo incluso haber derivado en el rechazo de la oferta.
“La base del concurso estipulaba que era documentación fundamental”, subrayó.
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100.000 abonados: una cifra sin respaldo independiente
El punto más sensible gira en torno al requisito de demostrar al menos 100.000 abonados activos y dos años de experiencia. De acuerdo con Fernández, la validación se basó principalmente en una declaración jurada presentada por el representante de Nubicom y en información disponible en línea.
La Contraloría solicitó confirmación al ente regulador argentino, par de Conatel, pero la respuesta fue negativa. La autoridad argentina alegó normas de secreto estadístico y no proveyó datos oficiales sobre la cantidad de usuarios de la empresa en ese país.
“Depender únicamente de manifestaciones unilaterales del interesado sin validación externa puede introducir un elemento de incertidumbre sobre la capacidad operativa real del licenciatario”, advirtió Fernández.
Aunque reconoció que el pliego aceptaba la declaración jurada como documento válido, la directora sostuvo que eso no elimina el riesgo institucional asumido. La auditoría calificó la respuesta de Conatel como “inconcluyente” y señaló que debió haberse aplicado un control preventivo más riguroso, considerando que la red 5G constituye un activo estratégico del Estado.
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Solvencia financiera: interpretación “favorable”
Otra observación apunta a la interpretación del requisito de patrimonio neto mínimo de US$ 10 millones. El pliego no era claro respecto a si la facturación debía acreditarse por año o en forma acumulada por los últimos tres ejercicios.
Según el informe, la interpretación aplicada por Conatel —considerando cifras globales de tres años— resultó “levemente favorable” a la empresa adjudicada. “Esta flexibilidad eleva la necesidad de vigilar que los recursos existan y se utilicen efectivamente para el despliegue tecnológico”, indicó Fernández.
La CGR remarcó que esa discrecionalidad administrativa, aunque encuadrada en los términos del pliego, debilita la seguridad jurídica del proceso y traslada un escenario de riesgo significativo a la fase de ejecución.
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Fiscalización especial y advertencia de rescisión
Ante estos hallazgos, el contralor dispuso el inicio de una fiscalización especial inmediata, a cargo de dos direcciones generales, que acompañará el proceso de ejecución del proyecto 5G.
Fernández fue enfática en que el otorgamiento ya está consumado, pero que el foco ahora debe estar en controles más estrictos. El informe incluso contempla la posibilidad de rescisión contractual en caso de incumplimientos.
“Lo que se flexibilizó en el proceso de selección no debe convertirse en falta de cumplimiento en el futuro”, sentenció.