Ever Otazú, gerente general de Impuestos Internos de la DNIT, explicó que el organismo se centra en corroborar que José González, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), haya declarado y pagado correctamente los impuestos correspondientes a sus ingresos.
En este caso, se revisarán principalmente el impuesto a la renta personal y el impuesto al valor agregado (IVA), considerando tanto los ingresos por honorarios como cualquier otro ingreso asociado a su actividad profesional.
“El objetivo es verificar que los montos devengados se hayan declarado en tiempo y forma, y que las deducciones correspondan a la actividad económica del contribuyente”, indicó.
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Alcance de la fiscalización
Según explicó, el análisis se iniciará con un control interno, etapa en la que se revisan las declaraciones, facturas y documentación respaldatoria. Añadió que esta fase puede durar entre uno y tres meses, dependiendo de la complejidad del caso, y servirá para determinar si procede abrir una fiscalización formal.
Indicó que la fiscalización puntual tiene un plazo inicial de 45 días hábiles, prorrogables por otros 45 días. Mencionó que, en casos más amplios, los controles pueden extenderse hasta 120 días hábiles, con posibilidad de prórroga.
Otazú destacó que los plazos se cuentan desde la apertura formal de la fiscalización y pueden verse afectados por pedidos de suspensión o recursos administrativos del contribuyente.
Documentación y periodos bajo revisión
El funcionario refirió que DNIT controlará los periodos de declaración de González para verificar las facturas emitidas y la correspondencia con los montos cobrados. La revisión abarcará, como máximo, los últimos cinco años, período de prescripción legal para investigaciones tributarias, conforme indicó.
Apuntó que en el caso de González, cuyo patrimonio pasó de G. 276 millones a G. 870 millones en 15 meses, la revisión incluirá la documentación que respalde el incremento, como las facturas relacionadas con el juicio ganado por el IPS contra el Consorcio Hotelero Sudamericano, según explicó el propio abogado.
Otazú aclaró que la DNIT se limita a identificar contingencias tributarias. Afirmó que la legalidad del cobro de los honorarios, o cualquier posible irregularidad de carácter civil o penal, corresponde a otras instituciones como la Fiscalía o la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Si se detecta algún indicio de evasión, lavado de dinero u otro ilícito, se remite a las instancias pertinentes”, explicó.
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Etapas posteriores y recursos
Tras la fiscalización, si el contribuyente no acepta los resultados, puede solicitar la apertura de un sumario administrativo, con un plazo de cuatro meses prorrogables por otros cuatro, para determinar impuestos, multas e intereses, según indicó Otazú.
Añadió que, posteriormente, existe la posibilidad de presentar recursos de reconsideración y, finalmente, recurrir al Tribunal de Cuentas o al Poder Judicial.
El gerente aclaró que, por el momento, la DNIT no proporciona datos oficiales sobre el patrimonio de José González, debido a la reserva de actuaciones en curso. Sin embargo, señaló que la administración ya está recopilando la información necesaria para cotejar las declaraciones presentadas con los ingresos percibidos.
En paralelo, la Contraloría General de la República (CGR) revisa las declaraciones juradas de González, a fin de determinar si hay irregularidades en torno a su llamativo crecimiento patrimonial.