“Hubieron (sic) otros abogados también que participaron (…) eran tres abogados más. Yo les dí su parte a ellos”, declaró el martes último el director jurídico del IPS, José Antonio González Maldonado, a la 1080 AM. Fue ante la consulta sobre la participación de otros profesionales en el juicio contra el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira, y la distribución de los G. 412.500.000 (IVA incluido) cobrados como honorarios.
El alto funcionario detalló que los demás abogados eran Jorge Gustale, Marco Colmán y Rita Benítez, a quienes les pagó entre G. 25 millones y G. 50 millones. Es decir, para González Maldonado fueron nada más cuatro los intervinientes con los tres mencionados por él mismo.
Sin embargo, el expediente Nº 4/2024 que se guarda en el despacho de juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del Decimosexto Turno, Secretaría Nº 32, de la Capital, a cargo de Marisa Raquel Vargas, revela que en realidad no fueron cuatro, sino al menos seis abogados en total quienes intervinieron en representación del Instituto de Previsión Social (IPS) en el juicio caratulado “IPS C/ Consorcio Hotelero Sudamericano SA s/ ejecución de resoluciones judiciales”. La demanda era para el cobro de G. 10.781 millones, correspondiente a aportes obrero-patronal hasta 2018 más los intereses.
Finalmente, la previsional le hizo a la empresa una quita de G. 3.281 millones y aceptó una propuesta de pago de G. 7.500 millones.
La serie de escritos e intervenciones del expediente al cual tuvo acceso ABC muestra que además de los profesionales citados por González Maldonado aparecen los nombres de otros dos: Julio César Mongelós y Édgar José Giménez, funcionarios de la Dirección Jurídica del IPS al igual que María Rita Benítez y Jorge Antonio Gustale, según las planillas. No así Marco Adrián Colmán Ojeda, quien figura como asesor externo con contratos por servicios para la previsional.

Mentiras también en DD.JJ.
Los registros del expediente judicial hunden más al director jurídico del IPS porque el mismo declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) como un ingreso exclusivo suyo los G. 412.500.000. Esta alta cifra le permitió justificar el explosivo crecimiento patrimonial que tuvo, con aumento del manejo de dinero en efectivo, inversiones y depósitos de ahorro, en un corto periodo de 15 meses. De G. 276 millones de patrimonio, en setiembre de 2023, trepó a G. 870 millones, en febrero de 2025.
Además, el director jurídico del IPS emitió una factura por el monto total y declaró el documento ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Sin embargo, según sus propias declaraciones, ese monto en realidad él “repartió” entre otros tres abogados, sin mencionar a los otros dos que igualmente participaron en el proceso judicial.
Triangulación sospechosa
González Maldonado reconoció que el IPS le transfirió los G. 412.500.000 millones. Fue luego de que la empresa trasfiriera el monto total a la previsional.
DNIT abre pesquisa
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) comenzó un proceso de revisión sobre los honorarios del director jurídico del IPS, José González, cuyo patrimonio creció notablemente en apenas 15 meses. La medida apunta a verificar la correcta declaración y pago de impuestos asociados a sus ingresos por servicios profesionales.
Ever Otazú, gerente general de Impuestos Internos de la DNIT, explicó que el análisis se iniciará con un control interno, etapa en la que se revisan las declaraciones, facturas y documentación respaldatoria. Dijo que esta fase puede durar entre uno y tres meses, dependiendo de la complejidad del caso, y servirá para determinar si procede abrir una fiscalización formal.
Abogados externos por G. 2.698 millones al año
Alrededor de 29 profesionales del derecho aparecen aún como contratados por el IPS bajo la modalidad de prestación de servicios. Por estos contratos la previsional desembolsa G. 2.698 millones anuales, según registros.
La mayoría de los abogados percibe G. 90 millones al año, pero algunos superan esa cifra y alcanzan G. 100 millones, G. 120 millones e, incluso, G. 128 millones anuales.

El piso salarial –G. 90 millones– equivale a 31,04 salarios mínimos vigentes en un solo año. El monto más alto, G. 128 millones, representa 44,15 salarios mínimos en el mismo lapso. A diferencia de los funcionarios permanentes y de la mayoría de los aportantes, estos abogados externos no están obligados a cumplir horario exclusivo, según consta en sus contratos.
Entre los profesionales con mayores ingresos figuran Alma María Méndez de Boungermini, con G. 128 millones anuales; Esdras Joel Rolón Barrios, con G. 120 millones; María Mercedes Otazo Aponte, con G. 100 millones, y Weldon Walter Black Saldívar (yerno del vicepresidente Pedro Alliana), también con G. 100 millones. El resto del grupo, compuesto por 25 abogados, percibe G. 90 millones anuales cada uno.
La cantidad de abogados externos contratados por el IPS pasó de un promedio de 10 a 30 profesionales tras la asunción del actual director jurídico, José “Jose’i” González Maldonado.
