El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José Antonio González Maldonado, figura como docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Tiene a su cargo las asignaturas de Derecho Penal I y Derecho a la Información, en la filial de Benjamín Aceval, además de Técnica de la Litigación Adversarial, en la filial de Caacupé, según la Nota Nº 04/2026 de la Dirección Jurídica de esa casa de estudios.
El documento recomienda que se arbitren los medios necesarios sobre González y otros ahora exdocentes: Heber Cardozo, Líder Benegas, Mariam Ortiz y Pablo Cabrera. Estos últimos involucrados en el caso denominado “Mafia de los Pagarés” y destituidos ayer.
A partir de esa nota, el decano de Derecho, Carlos Gustavo González Morel, resolvió remitir todos los antecedentes al Tribunal de Ética de la facultad para una investigación exhaustiva y la decisión correspondiente.
Un patrimonio revelador
José Antonio González Maldonado está en el ojo de la tormenta desde hace varios días tras conocerse su explosivo salto patrimonial. De G. 276 millones de patrimonio neto en setiembre de 2023, trepó a G. 870 millones en febrero de 2025. Es decir, en apenas 15 meses creció 215%.
González Maldonado sustentó ese aumento en el cobro de honorarios profesionales. Uno de ellos por G. 412.500.000.
Este monto, sin embargo, derivó en un escándalo mayor porque apareció que el jefe jurídico declaró ante la Contraloría General y facturó para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) esa cifra millonaria como un ingreso exclusivo suyo, ocultando la participación de otros abogados e incluso un oficial de justicia, según evidencia el expediente judicial.
El alto funcionario luego de quedar en evidencia reconoció que en el juicio contra el Consorcio Hotelero Sudamericano SA (Jorge López Moreira) –para el cobro de G. 10.781 millones y que luego se acordó en G. 7.500 millones (una quita de G. 3.281 millones)– participaron otros tres profesionales, a quienes les “repartió” entre G. 25 millones y G. 50 millones.
Sin embargo, el expediente judicial de la causa desmintió nuevamente a González Maldonado porque en realidad en el proceso judicial tuvieron intervención seis abogados. Incluso aparece un séptimo que también tramitó diligencias y un oficial de justicia que ejecutó las órdenes de embargo contra la citada empresa.
Se trata de Esdrás Joel Rolón y Patrosinio Almada, respectivamente. El primero aparece como abogado externo del IPS, mientras el segundo figura como funcionario de la previsional, pero con otras funciones.
En resumen, la causa judicial tuvo la intervención de unas ocho personas, incluido el director jurídico del IPS, quien consignó los honorarios como ingreso solo de él mismo.
Además de esa situación, el alto funcionario dejó al desnudo una práctica por demás sospechosa y tiene que ver con una triangulación para el cobro de los honorarios. Aunque González Maldonado dijo primero que los fondos se depositaron directamente en su cuenta, terminó por reconocer que el depósito de los G. 412.500.000 se hizo en las cuentas del IPS y este después le traspasó a él.
Esposa es directora del Rectorado
Mientras en la Facultad de Derecho de la UNA ya disponen la remisión de los antecedentes del director jurídico del IPS al Tribunal de Ética, su esposa, Silvia María Casaccia Arias, ocupa el cargo de directora de la Asesoría Jurídica del Rectorado de la UNA. José Antonio González Maldonado es hermano de Marco Aurelio González Maldonado, exprocurador General de la República, ahora miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNA. Los González Maldonado son conocidos por ser parte del equipo de Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de Derecho UNA y declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos.