“El egreso fue instruido mediante la nota interna (…) para restituir el dinero privado al profesional, evitando así contingencias derivadas de la retención indebida de fondos de terceros”, justificó el IPS a través de un primer comunicado respecto al verdadero escándalo sobre el manejo de las cuentas bancarias de la institución.
“El egreso cuestionado no constituye una disposición de fondos públicos, sino la regularización contable de un depósito unificado realizado por un error material de la parte deudora. La firma Consorcio Hotelero Sudamericano SA (Jorge López Moreira), en lugar de realizar las transferencias separadas por los conceptos correspondientes efectuó de manera unilateral un único depósito en la cuenta del IPS (Citibank) por la suma de G. 7.912.500.000”, señaló para, a renglón seguido, explicar que de ese monto, G. 412.500.000 eran “honorarios profesionales” más IVA y que fue debitado de la cuenta de la previsional, quedando G. 7.500 millones como el capital.
“La regularización de estos fondos privados fue ejecutada por estricto cumplimiento del acto administrativo habilitante: la Resolución CA Nº 054-034/2024. En su numeral 6, el Consejo de Administración resolvió taxativamente aprobar la propuesta de pago de 5% más IVA en concepto de honorarios, a ser abonado por la contraparte”, indicó el IPS omitiendo de manera grosera partes de ese artículo.
El Consejo de Administración, presidido por Jorge Brítez, aprobó la propuesta de pago de honorarios. Sin embargo, dice de forma clara que era para los abogados de la ejecución de resolución judicial, en la cual la previsional reclamaba G. 10.781 millones. En ninguna parte de esa resolución usada como justificativo se estableció que dicho dinero tenía que ser entregado en forma exclusiva al entonces director jurídico, José “José’i” González. A esto se añade que tampoco el documento cita una disposición judicial que favorezca solo al influyente funcionario renunciante.
Tanto habría sido ayer el desespero de la previsional que pocas horas después sacó otro comunicado con risibles errores gramaticales y cambiando la palabra “egreso” por “transferencia bancaria”.
Una agencia de cobranza
En los dos comunicados, el IPS no solo evidenció que actuó como una especie de “agencia de cobranza”, sino que entró a la peligrosa pérdida de trazabilidad del dinero que pasó por sus cuentas bancarias oficiales. Esto atendiendo que la nota interna firmada por una funcionaria leal a González, María Graciela Cabral, y a la cual se hace referencia, dice que el monto “sea depositado a la cuenta del director jurídico, o en su defecto en efectivo”.
González declaró ante la Contraloría como un ingreso exclusivo suyo, los G. 412.500.000. Sin embargo, en entrevistas radiales, declaró que ese monto él repartió con otros tres colegas, pese a que en el proceso judicial intervinieron siete abogados más un oficial de justicia.
Más “gestora” que una “fiscalizadora”
Por otro lado, los informes de la Auditoría Interna del IPS, cuya responsable es Alicia Olazar, revelan que esa dependencia ejerció últimamente más la función de “gestora” para pagos a proveedores antes que “fiscalizadora” del buen uso de los fondos de la previsional.
“...la deuda podría ser honrada mediante un acuerdo transaccional”, era la frase final incluida de manera casi obligatoria en los informes de Auditoría Interna para validar pagos por servicios fuera de contrato. Con esto, la Dirección Jurídica, a cargo de González Maldonado, tenía un aval más para poder usar en forma discrecional el rubro 915 “gastos judiciales” esquivando los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Lo más escandaloso de la gestión de Alicia Olazar, quien también es leal a González, es la contradicción interna de sus documentos. En varios informes, la Auditoría reconoce que los pedidos de pago son el resultado directo de la negligencia de los administradores de contratos, quienes no iniciaron los llamados a licitación en los tiempos que exige la propia previsional.
Sin embargo, lejos de exigir sumarios o castigos ejemplares para los responsables de esta desidia, el equipo de control centraba sus esfuerzos en justificar el desembolso a las empresas. En lugar de fiscalizar el patrimonio de los asegurados, la Auditoría parecía más apurada por “concretar” que el dinero llegara a manos de los proveedores.
Para ejemplo está el informe final AI Nº 056/2024 de octubre pasado, en el cual se “analizó” el pago de G. 4.779 millones a la empresa Wels SA, representada por Óscar Mongelós y cuyo socio hasta mayo de 2023 era Manuel Peña (hermano del presidente Santiago Peña).
ABC intentó obtener la versión de Olazar sobre el tema. Sin embargo, la funcionaria se excusó alegando cuestiones de salud y que el tema “merece ser tratado con seriedad”.