En un ambiente marcado por la tensión y fuertes presiones, los nueve concejales municipales se reunieron anoche para tratar la continuidad del pedido de auditoría a la Contraloría General de la República (CGR), impulsado ante sospechas de presuntos manejos irregulares por unos G. 8.000 millones por parte del actual intendente municipal Nicolás Sotelo (ANR-HC).
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Durante una sesión caldeada, la Junta Municipal abordó la resolución Nº 439/2026, mediante la cual se solicita el control al ente contralor en la sesión ordinaria anterior.
Sin embargo, cinco concejales —cuatro colorados y un liberal— plantearon la revocatoria del pedido, generando un fuerte quiebre dentro del cuerpo legislativo.
La reunión se desarrolló bajo presión de manifestantes identificados como adherentes del intendente Nicolás Sotelo, quienes se apostaron frente al recinto, lanzando petardos y profiriendo insultos contra los ediles.
El presidente de la Junta Municipal, Alberto Coronel (ANR–HC), denunció que fue intimado por la mayoría a firmar la revocatoria para remitirla nuevamente a la CGR y así frenar la auditoría.
“No sé de qué tienen miedo. El que nada debe, nada teme. Primero aprobaron la auditoría y ahora retroceden; algo no quieren que se sepa”, cuestionó.
Interna y acusaciones cruzadas
El conflicto expone una profunda división dentro del movimiento Honor Colorado a nivel local. Mientras desde la Junta sostienen que existen obras sin respaldo y documentos inexistentes, el intendente Nicolás Sotelo (ANR) rechazó las denuncias y calificó de “ilegítimo” el pedido de auditoría.
El jefe comunal negó categóricamente cualquier irregularidad y aseguró que todas las obras cuestionadas son verificables. Además, afirmó que la documentación de la ejecución presupuestaria 2025 fue presentada en tiempo y forma, entre el 25 y el 29 de enero, incluso durante el receso de la Junta.
Sotelo también cuestionó la legitimidad del proceso, señalando que la resolución enviada a la CGR habría sido elaborada sin conocimiento pleno del cuerpo legislativo y antes de la aprobación formal del acta.
“Se están tomando facultades que no les competen”, advirtió, dejando abierta la posibilidad de acciones administrativas.
En cuanto a los puntos observados —como trabajos en el muro de contención y uso de combustibles—, el intendente sostuvo que cuenta con todos los respaldos necesarios para justificar los gastos ante cualquier eventual revisión.
Más allá del cruce de versiones, la crisis deja al descubierto una fuerte puja política interna con miras a las elecciones de nuevas autoridades comunales que enturbia el debate sobre la transparencia en la gestión municipal.
En este contexto, la ciudadanía observa con creciente desconfianza un conflicto que, lejos de aclararse, se profundiza en medio de intereses y disputas de poder.