Si bien recién mañana en mesa directiva del Senado se define el orden del día para la sesión ordinaria del miércoles 25, el presidente del Congreso y senador cartista Basilio “Bachi” Núñez había comprometido su inclusión, algo que de hecho deberían de haberlo tratado a la par de la controvertida Reforma de la Caja Fiscal, a modo de predicar con el ejemplo.
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Queda en evidencia que, salvo contadas excepciones, el dar el ejemplo -no solo con modificar su jubilación privilegiada- no es prioridad.
Para muestra, el propio “Bachi” Núñez encabeza la lista de presidentes de Poderes del Estado y ministros que se autoasignaron millonarios aumentos salariales, en su caso, de más del 70%.
En medio de una decretada “economía de guerra” y pedido de ajuste de cinturones por bajas en los niveles de la recaudación impositiva por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo del ministro Carlos Fernández Valdovinos, Bachi y otras altas autoridades del Ejecutivo se reparten “bonificaciones por responsabilidad”.
Estos sobresueldos, que se suman a sus ya millonarios salarios, van desde G. 6.523.414 en el caso del propio ministro del MEF, Fernández Valdovinos y en extremos más escándalos, el caso de Bachi Núñez, cuya “bonificación por responsabilidad” asciende a G. 21.100414, que con salario y otros beneficios cobra al mes G. 63.302.850.
Versión Diputados no corta con jubilación vip
En este contexto, se espera que se incluya en el orden del día de la próxima sesión del Senado y que también mañana, comisiones como la Legislación emitan dictamen, ya sea para sugerir modificaciones o simplemente habilitar su tratamiento ante el pleno.
La versión con media sanción de Diputados hace mínimos retoques a la jubilación vip, con el argumento de que supuestamente la convierten en una “caja privada” al establecer en en su artículo 6 inciso F que “queda expresamente prohibido todo aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado en cualquiera de sus formas al patrimonio”.
Esto es un planteamiento tramposo, ya que esta prohibición podría saltarse con otra ley, incluso pudiendo ser esta la Ley del Presupuesto de Gastos de la Nación de cada año, donde incluyan un simple artículo que diga que de manera “excepcional” se deja sin efecto dicha prohibición y a renglón seguido, asignar partidas presupuestarias a costa del contribuyente.
No es un hecho menor el que los legisladores tienen enorme injerencia sobre el PGN anual, donde el Ejecutivo como máximo puede vetar total o parcialmente, pero arriesgando una confrontación con el Congreso.
Esto ya ocurrió por ejemplo en 2024, cuando los legisladores se autoasignaron un aumento salarial de más de G. 5.000.000, con lo que llegaron a su salario actual de G. 37.900.000, y en casos más aberrante, como el de Bachi Núñez de hasta G. 63 millones.
Otro elemento objetivo que señala que no se corta con la jubilación de privilegio es que mantienen los años de aporte, pudiendo jubilarse de manera extraordinaria habiendo aportado apenas unos años, y de manera ordinaria con solo 15 años de aporte; mientras que un aportante de IPS para la jubilación ordinaria se le exige 30 años de aporte, es decir, el doble.
Otro privilegio exclusivo que mantienen los legisladores es la posibilidad de retirar sus aportes en el caso de que no cumplan con los requisitos para la jubilación o que no quieran acogerse a ella.
Los aportantes de IPS, en caso por ejemplo de haber aportado por años (pero sin llegar a cumplir los requisitos de la jubilación) tienen vedada la posibilidad de pedir el retiro de dichos aportes, a diferencia de los jubilados vip legislativos.
Tampoco tiene punto de comparación el monto de las pensiones jubilatorias, que son millonarias en el caso de los legisladores (relacionado a sus altos salarios) en comparación con alguien que gana sueldo mínimo en el sector privado.
Finalmente, también mantienen la posibilidad de que en caso de muerte del titular (exlegislador jubilado) un familiar siga recibiendo esa pensión de por vida, aunque en un porcentaje menor.
Respecto a dicho punto, Diputados simplemente redujo el monto a cobrar, bajando del 40% al 25% de la pensión para la viuda, y estableció que el beneficiado cobre recién a partir de los 65 años, para evitar casos de viudos/as jóvenes.
Jamás consideraron la eliminación
Durante su tratamiento en Diputados, durante el receso parlamentario, los diputados Raúl Benítez (Independiente) y Johanna Ortega (Partido País Solidario) plantearon un proyecto para eliminar de raiz la caja parlamentaria, iniciativa que directamente se ignoró.
Los mismos refutaron sin cansancio que con esto se convierta en una caja privada, ya que al ser los aportantes funcionarios públicos y para más obligados a aportar, es sostenida con fondos públicos.
También remarcaron que si fuera una caja privada no necesitaría una ley especial y para colmo, el proyecto con media sanción de Diputados establece que todos los funcionarios que se requieran para cuestiones administrativas de la Caja vip parlamentaria serán pagados con fondos estatales.