El titular del PLRA salió al paso del reciente blanqueo judicial del senador cartista Hernan Rivas, sobreseído en el caso de presunto título falso de abogado para ser designado presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
A este escándalo se suma que una de las fiscalas del caso denunció que un parlamentario la amedrentó y la amenazó para que no apelara el sobreseimiento.
Lea más: Denuncian a jueces que “hicieron decir a la ley lo que no dice” para favorecer a Hernán Rivas
Los miembros del Tribunal de apelaciones Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría fueron quienes votaron por el blanqueo. El magistrado José Agustín Fernández votó en disidencia. Las fiscalas del caso fueron Patricia Sánchez y Luz Guerrero.
“Exigimos a la Fiscalía General del Estado a agotar las instancias pertinentes a fin de reencauzar el proceso”, señaló Fleitas en un comunicado en sus redes sociales.
Igualmente exigió a los ministros de la Corte Suprema de Justicia cancelar la matrícula del parlamentario “quien debe ser destituido como senador de la nación por haber usurpado un alto cargo presidiendo el JEM, uno de los órganos más importantes del Sistema Judicial”, aseveró.
Fleitas sostuvo que existe un abuso de poder así como la “galopante e incontrolable” corrupción de este gobierno.
Añadió que los principales exponentes del cartismo sin ningún rubor, se siguen burlando de la ciudadanía que cada día está más cansada, indignada y molesta. “Sin Justicia no habrá paz en el Paraguay”, remarcó.
Señaló que desde el PLRA expresan su preocupación y enérgico repudio al deterioro escandaloso de las instituciones republicanas y principalmente la Justicia.
Poder Judicial sometido
Sostuvo que este Poder del Estado, el Poder Judicial, que debería garantizar la seguridad jurídica en nuestro país, “está demostrando cada vez más sumisión al poder político y al esquema de copamiento que viene impulsando el oficialismo de gobierno”.
Indicó que la muestra de esta sumisión es el caso de Rivas cuyo título apócrifo de abogado fue fehacientemente comprobado por el Ministerio Público y otros órganos del Estado.
Repudió que los miembros de un tribunal no tuvieron en cuenta las pruebas del Ministerio Público para dictar una sentencia vergonzosa, a medida de los intereses del poder, cuyos representantes inclusive fueron denunciados por la fiscal del caso por intimidaciones, amenazas y chantajes.