Aida Aquino de Farías, dueña de la empresa Arte Culinario, adjudicada con el programa Hambre Cero, fue imputada por la fiscala Sophia Galeano el pasado 27 de marzo por lesión grave y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso, luego de que un joven perdiera una mano mientras manipulaba una máquina en la empresa.
La misma fiscala solicitó además al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, investigar a Hugo Farías, hijo de la imputada, y a su hermano Christian Raúl Farías por enriquecimiento ilícito. Tras esto, en un acto político que se realizó el fin de semana, el diputado colorado cartista Rodrigo Gamarra advirtió a la fiscala que van a estar “atentos” a sus actuaciones desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
“Te pido, mi querido senador Derlis Maidana, que desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados mires atentamente a aquellos fiscales que buscan instrumentar la justicia para torcer voluntades o mancillar el nombre de alguna persona para perjudicar a nuestro candidato Hugo Farías. Nosotros vamos a estar atentos (...) No vamos a permitir que le dañen a Hugui, quieren debilitarlo al golpearle a una madre por el solo hecho de que su hijo quiere reconstruir la ciudad”, dijo el diputado Gamarra.
La abogada Alejandra Peralta explicó que el diputado, desde su investidura y a fin de proteger a su candidato a intendente, ejerció una presión a otro poder del Estado, lo que está prohibido. El diputado liberal Billy Vaesken sostuvo que el hecho se configura en un evidente tráfico de influencia, lo que es causal de pérdida de investidura, e incluso el diputado colorado Roberto González afirmó que es categórico es que los cartistas siguen dinamitando cada vez más las instituciones, siendo el JEM una de las más afectadas, ya que existen antecedentes de referentes cartistas que utilizaban la institución para presionar a magistrados.
Lea más: Pese a críticas y sabiéndose impune, Rodrigo Gamarra insiste en patoteada
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, fue consultado sobre el caso y respondió que, a su parecer, Gamarra lo que hizo fue “precautelar” la justicia para no torcer voluntades. Cuando le preguntaron si habría sanción o se dejaría sin efecto, se retiró sin responder.
“Yo estuve escuchando el audio, porque vi que hubo publicaciones al respecto, y lo que planteó en el audio que yo escuché, en el video que yo escuché, que fue esta reunión en Luque, lo que yo escuché que decía el diputado Gamarra fue exactamente lo contrario, lo que planteó fue precautelar para que la justicia no sea utilizada para torcer voluntades y yo creo que la justicia no debe ser utilizada para torcer voluntades”, dijo antes de retirarse.
Latorre evita opinar sobre caso Rivas
La diputada Rocío Vallejo presentó un proyecto de resolución instando a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a anular la matrícula del presunto abogado “mau” Hernán Rivas, senador colorado cartista, a quien un Tribunal de Apelaciones dejó impune sin siquiera permitir el juzgamiento en la causa por presunto título falso de abogado, gracias a los votos de los jueces Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría.
También el diputado Raúl Benítez pidió denunciar ante el JEM a estos jueces que votaron por dejar impune al legislador cartista.
Ante esto, Raúl Latorre respondió tras la consulta que desconoce el proyecto presentado por su colega opositora, como así también el pedido de Benítez.
“Francamente, aún no leí el proyecto y, apenas lo lea, les doy un retorno con mucho gusto”, dijo sin dar lugar a más preguntas sobre el caso.
Abogados que denunciaron a los jueces calificaron los votos como “terroríficos” y señalaron que al declarar la prescripción de la producción del documento en el caso Rivas se imposibilitó también el estudio del uso indebido del título. El legislador es investigado por la causa por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, al haber utilizado presuntamente un título falso de abogado para asumir como miembro del JEM.
La fiscala que investiga esta causa, Patricia Sánchez, denunció que recibió “un mensaje atribuido a un senador nacional” y que era dirigido específicamente a ella, en el que se hacía referencia a “eventuales consecuencias sobre su permanencia en el cargo en caso de interponer un recurso en una causa penal de interés del mencionado legislador".