El pasado martes tuvieron entrada los dos pedidos, el primero de ellos, “que pide informes a la entidad hidroeléctrica Itaipú Binacional sobre la transferencia y utilización de fondos a través de la fundación Parque Tecnológico de Itaipú (PTI-PY) para campañas de comunicación y contratación de influencers”.
Lea más: Peña apunta US$ 1,5 millones para propaganda e influencers, vía PTI-PY
Esto en referencia a las publicaciones de nuestro diario sobre las intención de Peña de gastar G. 9.747.620.030 (aproximadamente US$ 1,5 millones) en plena supuesta “economía de guerra” declarada por su exministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos.
Lea más: “Bienvenidos al barco”: Benítez celebra que cartistas “Vieron la luz” y los sobres de Peña
Peña había defendido este derroche, primero poniéndose nervioso en demasía ante las consultas de la prensa, para luego alegar que supuestamente el millonario gasto responde a una “necesidad” de comunicar los “logros” de su gobierno.
Esto incluso pese a que ya tiene un Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) el cual nos cuesta anualmente a los contribuyentes unos G. 323.540 millones y que debería cumplir esa función.
Entre los principales puntos se pretende conocer son:
- La transferencia de recursos a la Fundación Parque Tecnológico de Itaipú (PTI-PY), indicando montos, fechas, modalidad de transferencia y documentos respaldatorios.
- Procesos de contratación vinculados a campañas de comunicación en redes sociales, publicidad digital, eventos y contratación de influencers, detallando montos, empresas o personas contratadas, criterios de selección y alcance de las campañas.
- Copia de informes, auditorías o documentos institucionales que respalden la legalidad, finalidad y utilización de los fondos transferidos, así como cualquier evaluación de impacto o resultados de las campañas.
El otro expediente ingresado es el “que pide informes a la entidad hidroeléctrica Itaipú Binacional (Itaipú) sobre el llamado a licitación NE1965-25 para el servicio de alquiler de vehículos”.
En este caso, el monto que se pretende gastar es de US$ 4.494.102 en un plazo de 3 años para el “servicio de alquiler de vehículos, sin conductor ni combustible para la flota de Itaipú Binacional margen derecha”.
En este caso, se requieren datos tales como:
- Copia íntegra del pliego de bases y condiciones, actas de apertura, informes de evaluación, adjudicación, contrato suscrito y sus anexos correspondientes al llamado а licitación NE1965-25.
- El detalle de la flota de vehículos contratada, especificando tipo de vehículo, cantidad, antigüedad, kilometraje anual previsto y cantidad de vehículos de reserva.
- El sustento técnico y económico que fundamenta la contratación bajo la modalidad de alquiler o leasing, en lugar de la adquisición directa de los vehículos. 4- Informe sobre las empresas oferentes y adjudicatarias, detallando las propuestas económicas presentadas y los criterios de evaluación aplicados.
- La existencia de informes internos, auditorías o intervenciones de organismos de control vinculados a la evaluación de precios o a la detección de eventuales sobrecostos o irregularidades.
En este caso en particular, también se solicitan datos de contratos anteriores, algo que ya estuvo bajo sospecha conocerse audios del exsenador aliado cartista Javier “Chaqueñito” Vera, expulsado hace unas semanas, donde daba a entender el ser parte de una mecanismo de recaudación mediante el alquiler de vehículos a la binacional.
Por esto, se solicita que se remitan los “contratos de alquiler de vehículos celebrados por la ITAIPU en los últimos años, detallando montos, proveedores y procedimientos utilizados, así como remitir copia de cualquier informe institucional previo relacionado con este rubro”.
Blindaje acostumbrado de la mano de la “primera dama de Itaipú”
La duda razonable del diputado Raúl Benítez sobre la posibilidad de que se aprueben estos pedidos de informe está fundada en el recurrente blindaje cartista, encabezado por la exlíder de bancada de Honor Colorado, diputada Rocío Abed, esposa del director de Itaipú, Justo Zacarías Irún.
La iniciativa podrá a prueba el “olfato” cartista, que a través de referentes de HC como el embajador paraguayo ante los Estados Unidos de América y senador con permiso Gustavo Leite, el expresidente Nicanor Duarte Frutos y el senador cartista y médico personal de Horacio Cartes, Antonio Barrios denunciaron que en el gobierno de Santiago Peña hay “olor a coima”.
Sin importar que se trate de un claro conflicto de interés, Abed no ha tenido empacho en rechazaro cualquier iniciativa que plantee transparentar las gestión de su “media naranja” en Itaipú.
Uno de los casos más alevosos, fue cuando se requirió informes sobre la adjudicación de los cuestionados pupitres “chinos” por US$ 32 millones y el pedido de informe sobre arrendamiento de vehículos en la Itaipú, que fue filtrado entre la conversación con los exsenadora Norma Aquino y Javier Vera.
“En atención a la magnitud de los recursos involucrados y a la necesidad de resguardar la transparencia en el uso de fondos binacionales, resulta indispensable contar con información precisa sobre los mecanismos de transferencia, contratación y ejecución de dichos recursos, a fin de verificar su adecuación a las normas vigentes y a los principios de legalidad y eficiencia”, apelan ambos pedidos de informe.
También en Diputados el año pasado se había rechazado un proyecto que planteaba que los fondos de Itaipú sean integrados al Presupuesto de Gastos de la Nación, a fin de que pasen por los controles y procedimientos de Contrataciones Públicas, de Contraloría y del Congreso.