Según su análisis, la medida impulsada por el cartismo no solo carece de base legal, sino que también envía una advertencia implícita a fiscales y jueces en medio del proceso que enfrenta Hernán David Rivas por supuesto “título mau” de abogado.
Estigarribia fue categórico al definir el trasfondo de la decisión: “Esto es un cháke, una advertencia a la justicia”.
Explicó que no es lo mismo un senador destituido que uno con permiso, ya que este último mantiene su investidura y la posibilidad de regresar en cualquier momento.
“Un senador con permiso sigue siendo parte del cuerpo. Eso es una señal para los fiscales y jueces: ‘Cuidado, sigue siendo de los nuestros’”, sostuvo.
A su criterio, esto configura una forma de influencia indirecta “solapada” sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Denuncia de “blindaje” e influencia sobre fiscales y jueces
El constitucionalista advirtió que el permiso funciona como un mecanismo de protección política. Afirmó que el mensaje hacia operadores de justicia es claro: Rivas continúa teniendo respaldo dentro del Senado, lo que podría impactar en decisiones judiciales.
“Es un blindaje ante la Fiscalía y el Poder Judicial”, dijo, al tiempo de mencionar el rol de instituciones como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura, donde el poder político tiene incidencia.
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Estigarribia insistió en que la figura del permiso no está contemplada para este tipo de situaciones. Recordó que la Constitución solo prevé licencias para ejercer cargos como ministro o embajador, y excepcionalmente por razones de salud.
También criticó que se repita un esquema similar al aplicado en el caso del senador Erico Galeano, condenado por asociación criminal y lavado de dinero, lo que -según dijo- agrava aún más el precedente.
“El peor antecedente ya se había sentado y ahora se consolida”, afirmó.
Sobre la posible responsabilidad de senadores
El exlegislador fue más allá al señalar que incluso la mayoría que aprobó el permiso de Galeano y ahora pretende aprobar el de Rivas podría quedar bajo cuestionamiento.
A su entender, al sostener a Rivas en su cargo mediante una figura irregular, se podría interpretar que existe un uso indebido de influencias. “Ellos mismos se ponen en la línea de poder ser juzgados por pérdida de investidura”, advirtió.
Estigarribia también calificó como “muy grave” la denuncia de amedrentamiento contra la fiscala Patricia Sánchez, que investiga el caso.
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Señaló que este hecho podría constituir una causal directa de pérdida de investidura contra Rivas, además de implicancias penales.
En ese contexto, cuestionó la falta de reacción de gremios del Ministerio Público y defendió la necesidad de esclarecer públicamente las denuncias.
“Un desmadre institucional” que afecta la imagen del país
El constitucionalista señaló que este tipo de decisiones profundizan la inseguridad jurídica. “Esto ratifica que Paraguay es un país inestable institucionalmente, poco previsible y con una grave violación de la Constitución”, afirmó.
Incluso advirtió que el caso podría tener consecuencias futuras, tanto políticas como judiciales, para los involucrados. “Es una vergüenza lo que está pasando, un verdadero desmadre institucional”, sentenció.
Acerca del argumento del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, de que llamar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, podría constituir una “coacción”, Estigarribia dijo que “el puritanismo” del que habla el cartismo no tiene razón de ser.
“Es más bien evitar que haya un escándalo que vaya al fiscal que cuente quién fue y quién fue uno de los suyos. Es un blindaje completo que están haciendo", dijo el exsenador.
Reforzó su posición al señalar que convocar al fiscal general del Estado “no afecta la independencia porque el Ministerio Público se limitaría a decir quién fue, cómo fue, en qué contexto fue la amenaza (a la fiscala)”.