Tras el pedido de permiso del senador cartista Hernán Rivas ante la Cámara Alta, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) afirmó que, considerando los antecedentes, se le concedería al legislador oficialista dicho beneficio, a pesar de las irregularidades que rodean a su formación académica.
Vallejo afirmó que esta medida es inconstitucional y señaló que los permisos en el Congreso se están “pervirtiendo”. Citó como precedente el caso del senador cartista Erico Galeano, procesado por narcotráfico.
“Con la difusión de este pedido de permiso, ya está cantado lo que va a ocurrir. Le van a dar, inconstitucionalmente, de vuelta, permiso a un senador. Me siento tan desilusionada porque creo que es el momento en donde todos nos manifestemos en contra de esta decisión. No puede ser que alegremente se nos rían en la cara. Mintió por todos lados”, declaró.
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Causales para pérdida de investidura
Para la representante de Patria Querida, la situación de Rivas no amerita un permiso, sino la aplicación del artículo 201 de la Constitución Nacional de pérdida de investidura.
Sostuvo que las pruebas sobre la supuesta falsedad de su título de abogado son suficientes para removerlo del cargo, aunque dudó de la voluntad política de sus pares en la Cámara Alta.
“Esto es contundente, totalmente claro, en lo que existe causal para una pérdida de investidura. La ciudadanía debe exigir porque es una falta de respeto a la ciudadanía. La decisión que va a tomar el Senado al aceptar la barbaridad del permiso, es una bofetada”, enfatizó.
Blindaje y defensa corporativa
Vallejo enfatizó su preocupación por la falta de movilización social ante las constantes contradicciones del senador colorado.
Según la legisladora, Rivas “se está burlando y está mintiendo en todos lados”, pero no recibe sanciones institucionales ni una condena social por parte de la ciudadanía.
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La diputada cuestionó los motivos detrás de la férrea protección del movimiento Honor Colorado hacia el legislador. Refirió que se pregunta qué información posee Rivas, por lo que desde el cartismo se sostiene una defensa corporativa antes que permitir su salida del Congreso.