El debate sobre las millonarias bonificaciones en el sector público fue tratado por legisladores en la reunión de la Mesa Directiva del Senado donde exigieron recortes, mayor control del gasto y transparencia en el uso de recursos del Estado al nuevo ministro de Economía, Óscar Lovera.
Desde la oposición, el senador Walter Kobilansky, de Cruzada Nacional, planteó la necesidad de revisar y reducir estos beneficios, señalando que forman parte de un esquema de gasto que debe ser corregido en medio de reclamos por deudas, falta de insumos y deficiencias en servicios públicos.
El ministro de Economía respondió a los cuestionamientos y advirtió que cortar abruptamente las bonificaciones podría generar un fuerte impacto en los funcionarios públicos.
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“El día que decimos que se corta esto, generamos una incertidumbre demasiado grande”, afirmó, al explicar que estos ingresos forman parte de la estabilidad financiera de miles de trabajadores del Estado.
Lovera sostuvo que no se trata solo de defender beneficios, sino de entender que afectan a toda la estructura estatal, desde altos cargos hasta funcionarios de atención al público.
“Nosotros permanentemente estamos exigiendo, yo me incluyo, porque le exijo a mi equipo trabajar, generar resultados, eficiencia, pero le estamos generando también incertidumbre, una incertidumbre en cuanto a sus ingresos y eso para mí es mucho riesgo, más cuando todos tenemos una función en el Estado”, dijo Lovera.
En marzo de 2025, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR), percibió un ingreso récord de G. 105 millones mediante el cobro retroactivo de bonificaciones por “responsabilidad”. En un solo año, el legislador cartista acumuló más de G. 295 millones en extras, una cifra que a un trabajador con salario mínimo le tomaría ocho años de esfuerzo igualar.
Reclamos por control, transparencia y gestión
Más allá de las bonificaciones, el debate expuso críticas más amplias sobre el manejo del gasto público y la deuda con las farmacéuticas y vialeras.
El senador Juan Afara (ANR, disidente) reclamó mayor comunicación y transparencia en el uso de los recursos, cuestionando la falta de información sobre deudas, pagos e inversiones.
“Si no interactuamos en la información, vamos a estar en la desconfianza plena”, advirtió, al tiempo de exigir claridad sobre pagos pendientes e intereses acumulados.
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Por su parte, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN) centró sus críticas en la falta de supervisión y gestión, especialmente en áreas sensibles como salud y obras públicas.
Cuestionó posibles sobrecostos en contratos, deficiencias en programas como alimentación escolar y la falta de control sobre obras ejecutadas.
Deudas millonarias y presión sobre el gasto
Durante la reunión, el Ministerio de Economía detalló la situación financiera del Estado:
- Deuda con el sector de obras públicas: cerca de 200 millones de dólares (hasta 300 millones con intereses)
- Reclamos de intereses superiores a 100 millones de dólares
- Pagos previstos: 150 millones de dólares entre abril y mayo
- Deuda en salud: cercana a 1.000 millones de dólares
- Pagos proyectados para salud: 180 millones de dólares en el corto plazo
El ministro explicó que se trabaja en mecanismos como la cesión de derechos de cobro para dar liquidez a proveedores.