El informe de la Comisión Interamericana Derechos Humano (CIDH), organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington DC, sobre el capítulo Paraguay señala, primeramente, que “se registraron protestas contra la corrupción y actos de represión policial, mientras se aprobó una ley que restringe el acceso a la información pública y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil”.
El informe fue aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de febrero de 2026.
Con relación a la institucionalidad democrática, el informe refiere que “el 5 de febrero de 2025, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aprobó, mediante la Resolución N.º 78/2025, el cronograma de las elecciones municipales para el período 2026-2031, iniciando la preparación del proceso electoral local”.
Además, el reporte de la CIDH señala que en el “Congreso avanzó el análisis del proyecto de ley que crea un mecanismo nacional de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, lo que responde a obligaciones internacionales y a la sentencia por el caso (Santiago) Leguizamón”.
Recuerda que en 2025 “entró en vigor la Ley No. 7363/24, respecto de la cual organizaciones de la sociedad civil (OSC) realizaron reclamos por el riesgo de persecución a entidades consideradas críticas al gobierno, con posibles afectaciones a la libertad de asociación y al pluralismo”.
Según estas organizaciones, indica el reporte, que “la ley introduce obstáculos burocráticos para el funcionamiento de las OSC, con mayor impacto en las más pequeñas, y establece mecanismos de vigilancia estatal sobre su actividad sustantiva”.
El informe señala que “de acuerdo con La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), esta norma constituye una de las medidas más restrictivas del espacio cívico en las Américas”.
Indica además, que “paralelamente, el Parlamento de Paraguay ”tramitó un proyecto de Ley de Protección de Datos Personales que podría limitar el acceso a la información pública". “Todo ello ocurrió en un contexto de protestas contra la corrupción y la impunidad, así como de episodios de represión policial durante el ejercicio del derecho de protesta”, subraya.
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Acuerdo migratorio con EE.UU.
El informe de CIDH también alude al acuerdo migratorio que firmó el gobierno de Paraguay con Estados Unidos de América (EE.UU.) denominado “Tercer País Seguro”.
El documento indica en agosto (de 2025), se firmó un memorando de entendimiento entre la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) de Paraguay y el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, relativo a la cooperación en el examen de solicitudes de protección.
“De acuerdo con declaraciones gubernamentales el acuerdo “ofrece” a las personas solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay, de modo de “compartir la carga que supone gestionar la inmigración ilegal y poner fin al abuso del sistema de asilo de nuestro país”, remarca.
Agrega que “por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay destacó que el instrumento permitirá administrar, conforme a la legislación del país y bajo la supervisión de la Conare, los procesos de admisión de personas refugiadas1858. 796. Sobre el particular, la Conare destacó que la finalidad del memorando es asegurar que las personas que buscan protección sean trasladadas “de manera digna, segura y oportuna”.
“No obstante, se ha señalado la insuficiencia de recursos para afrontar el proceso de las respectivas solicitudes de asilo. Igualmente, se ha cuestionado la coherencia del memorando, debido que el Departamento de Estado de Estados Unidos habría circulado un informe en el cual reprueba la situación de los derechos humanos en Paraguay”, refiere el informe de la CIDH.
Añade: “Al momento de la redacción de este informe, se desconocen los detalles del marco operativo integral del acuerdo. La CIDH ha expresado su preocupación respecto de esta clase de acuerdos bilaterales, los cuales pueden ser contrarios a obligaciones inderogables en materia de derechos humanos”.
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Nueve inadmitidos
En una rueda de prensa en Mburuvicha Róga, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, fue consultado este miércoles sobre el cuestionado acuerdo migratorio que el gobierno de Paraguay firmó con Estados Unidos de América en agosto de 2025.
El memorando de entendimiento facilita a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en el país norteamericano presentar sus solicitudes en Paraguay. El documento diplomático, incluido en el programa conocido como “Tercer País Seguro” tuvo aplicación inmediata. Sin pasar por la aprobación del Congreso.
En febrero de este año, los gobiernos ampliaron “la cooperación en materia migratoria entre ambos países y permite que migrantes que no son recibidos en los EE.UU. puedan ser reconducidos a sus países con la ayuda de Paraguay”.
El documento, sin embargo, no aclara si excluye a los deportados o son solo los que son rechazados en la sección de migraciones o control fronterizo en Estados Unidos. A diferencia, el acuerdo de agosto de 2025 especifica que se trata de solicitantes de asilo.
Rubén Ramírez Lezcano refirió que el mecanismo prevé un máximo de 25 personas por mes, sujetas a evaluación de seguridad y documentación. Indicó que, de un primer grupo de 25 personas (que llegaron hoy al país), nueve no fueron admitidas por no cumplir los requisitos de documentaciones. En total arrivaron 16 extranjeros.
Detalló que la Dirección Nacional de Migraciones ha hecho una evaluación y se vio que algunos no cumplen con la legislación. Indicó, por ejemplo, documentación de origen de sus países, lo cual no permite admitirlos.
El ministro de RR.EE. señaló que las personas que ingresen permanecerán hasta 72 horas en el país antes de ser trasladadas a sus destinos finales, con costos cubiertos por Estados Unidos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El gobierno informó que los extranjeros vivirán en un hotel del centro de Asunción.
Ramírez Lezcano aseveró que el acuerdo no implica un beneficio económico directo, pero forma parte de larelación estratégica con Estados Unidos, que abarca cooperación en seguridad, comercio y tecnología.