El papelón jurídico de los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce –brazos ejecutores del cuestionado fiscal general, Emiliano Rolón Fernández– es descomunal. Esta maniobra no solo evidencia una negligencia procesal, sino que hiere de muerte la seguridad jurídica del país.
Los agentes, además de su criminal ignorancia sobre herramientas contables y fabricar delitos fantasma, firmaron un mamotreto de supuesta acusación en la cual montaron una cronología de movimientos de cuentas del fallecido Nicolás Leoz en base a conjeturas sobre el origen de los fondos.
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Para la Fiscalía, que en términos normativos debería actuar con objetividad, la verdad fue irrelevante y despreciable conforme a los elementos de convicción que ellos mismos colectaron. Ignoraron deliberadamente documentos y testimonios que acreditaban la legalidad de los movimientos de Leoz en el Banco Atlas, parte del grupo empresarial que incluye a ABC.
La evidencia de montaje es tan escandalosa que el Ministerio Público bloqueó sistemáticamente la realización de peritajes contables sobre los estados financieros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), actualmente presidida por Alejandro Domínguez, correspondientes al periodo 2010-2013. Esa pericia era el camino serio para determinar si existía un perjuicio real y bajo qué criterios de materialidad se registró. Con esto, la acusación quedaba más desmontada.
A esta omisión se suma la negativa a peritar los ingresos totales de Nicolás Leoz entre 2010 y 2016. La Fiscalía decidió cerrar los ojos ante las pruebas de Inmobiliaria del Este SA, el Sanatorio Migone Battilana SA y la venta de ganado, que ya habían reportado el flujo de sumas millonarias de origen lícito hacia el fallecido dirigente.
Más grave y parcialista aún. La Fiscalía además de negarse a investigar lo obvio, dejó intencionadamente de mencionar e interesarse respecto a los fideicomisos constituidos con patrimonios originados mediante transferencias internacionales, persiguiendo explícitamente al banco vinculado al grupo al que se debía atacar. Investigar a otro banco implicaría hacerlo respecto a uno con el que la propia Conmebol presidida por Domínguez, operaba tal como quedará demostrado en documentos que serán puestos a conocimiento para comprender lo flagrante de la persecución penal interesada en afectar a un grupo comercial en específico.
Analfabetismo contable
El escrito de la Fiscalía afirma que Leoz registró operaciones astronómicas “en efectivo” para intentar apuntalar la tesis de lavado de dinero contra su familia y los directivos del Banco Atlas. Este argumento es una falacia técnica monumental: los fiscales confunden conceptos básicos de contabilidad que no resisten un básico análisis de trazabilidad.
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Por ejemplo, la Fiscalía sostiene que Leoz depositó “en efectivo” US$ 5.514.300 entre 2011 y 2016. Sin embargo, la afirmación es una mentira porque los agentes fiscales tomaron como “efectivo” transferencias, movimientos internos e incluso compra de divisas entre cuentas de la misma entidad bancaria. Confundieron asientos contables con ingresos de dinero físico, evidenciando que ni siquiera verificaron la naturaleza de las operaciones.
Más grosero es que en su afán de confundir hace un comparativo con supuestas extracciones de las cuentas de la Conmebol en el Banco Do Brasil (llamativamente nunca molestado) por US$ 6.636.489, una cifra que siquiera coincide en nada con los números que acreditan a Atlas. Es decir, a los fiscales no les importaron ni las formas.
Respecto a los movimientos en guaraníes, la interpretación es igualmente errónea. Ya sea por incapacidad profesional o mala fe, los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce ignoraron las constancias que ya obran en la carpeta fiscal. Por citar ejemplos concretos está Inmobiliaria del Este SA que presentó varias constancias, una de enero de 2011 en la cual confirmaba la administración de propiedades de Leoz con cobros (hasta entonces) por G. 15.466 millones.
El otro documento es del Sanatorio Migone, que informó pagos por G. 3.500 millones entre 2012 y 2015, realizados con cheques trazables del propio Banco Atlas.
En resumen, los registros de la entidad bancaria son perfectamente trazables y echan por tierra la insistente –y maliciosa– afirmación de la Fiscalía sobre movimientos “en efectivo” de origen ilícito para sostener un supuesto lavado de dinero.
En lugar de investigar con rigor, el equipo de fiscales a cargo del ya conocido como el más nefasto fiscal general de la historia, Emiliano Rolón, prefirió el garrote judicial. Esta operación convierte transacciones legales en una burda herramienta de venganza política orquestada por Alejandro Domínguez, usando a la Conmebol, y con el apoyo de personeros del gobierno de Santiago Peña.
El trasfondo es claro: una represalia de Domínguez por las publicaciones de ABC Color sobre la aparición de su nombre en la auditoría forense del FIFAgate y los cuestionados negocios de su hijo Alejandro Domínguez Pérez con Petropar.
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La maniobra de esta rosca tiene como objetivo silenciar críticas, para ello han convertido al Ministerio Público en una oficina de persecución a la carta.
Fabricaron denuncias fantasma para sostener el mamotreto acusatorio
El escándalo que desnuda la persecusión del Ministerio Público contra el Grupo ABC es tan grosero que evidencia incluso que la Fiscalía fabricó delitos fantasmas para criminalizar a los directivos del Banco Atlas.
En su afán persecutorio, los fiscales se hunden en sus propios párrafos. Según la tesis de los mismos, Nicolás Leoz ocasionó un perjuicio de US$ 44,9 millones a la Conmebol (sin realizar pericia contable seria) mediante extracciones y depósito, todo en el Banco do Brasil. Esta es la base de su acusación por lavado.
Banco Atlas ni por asomo aparece en esa estructura y está demostrado documentalmente. Sin embargo, omiten un detalle “incómodo”: Leoz murió en agosto de 2019 siendo inocente ante la ley paraguaya y de otros países, ya que ni la Fiscalía ni la Conmebol de Domínguez se atrevieron a molestarlo en vida.
El punto clave se da un año después de la muerte del dirigente. El 3 de abril y 31 de agosto de 2020, Alejandro Domínguez negoció con los herederos de Leoz una “reparación integral”. Lo que la Fiscalía y la Conmebol ocultaron criminalmente es que ese acuerdo extingue cualquier acción penal.
Botín que Fiscalía “olvidó”
La razón del ocultamiento es simple porque con el acuerdo en la mano, la acusación se desintegra. El documento se titula Acuerdo de reparación integral y resarcimiento, transacción, renuncias y finiquito de procesos.
En él, la Confederación –bajo firma de Domínguez– renunció de forma irrevocable a cualquier acción civil, penal o administrativa contra la sucesión de Leoz. El “precio” del silencio y la paz fue un desembolso de US$ 51.202.776; es decir, los herederos pagaron a la Conmebol US$ 6,2 millones más de lo que los fiscales hoy describieron como “daño” (US$ 44,9 millones).
La situación se agrava más porque Alejandro Domínguez ocultó por seis años el documento. Y la Fiscalía, que accedió a él 48 horas antes de presentar su mamotreto, simplemente decidió ignorarlo.
El Art. 192 de la Ley 3440/08, que aplica al tipo legal que regía cuando Leoz supuestamente incurrió en el supuesto perjuicio patrimonial es muy contundente en las definiciones. El delito de lesión de confianza es un hecho punible contra el patrimonio que está dentro del título de hechos punibles contra los bienes de las personas.
El Código Procesal Penal, en el Art. 25, numeral 10, establece de manera taxativa que los delitos patrimoniales son extinguidos como consecuencia de la reparación del daño si hay consentimiento de la víctima o del Ministerio Público.
En resumen, los fiscales fabricaron un delito que no existe: lesión de confianza, para forzar la existencia de otro que jamás existió: lavado de dinero.
¿Cinísmo o engaño?
Alejandro Domínguez y su abogado, Claudio Lovera, sellaron el pacto con la viuda de Leoz, María Clemencia Pérez (asistida por los abogados Ricardo Preda y Pablo Livieres). Lo cínico es que la Fiscalía paraguaya ahora persigue a la misma viuda y apunta al Banco Atlas –entidad que ni siquiera figuraba en la auditoría forense– basándose en una denuncia de la Conmebol de 2021. Esta maniobra se presentó apenas seis meses después de haber firmado renuncias irrevocables a cualquier acción legal y declarar que recibió reparación integral.
Una “partitura” que se siguió palabra por palabra
Correos eléctrónicos, documentos y metadatos revelaron que esta causa no era jurídica, sino de persecusión contra Banco Atlas, parte del grupo empresarial al cual pertenece ABC Color. Las huellas digitales delataron que todo libreto de este montaje tenía un autor: Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez. Lovera “ordenaba”, mientras los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera copiaban “palabra por palabra” y firmaban.
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Los metadatos se han vuelto una prueba irrefutable para el Ministerio Público, aunque su validez parece depender de la conveniencia política. El mecanismo de verificaron de “huellas” se utilizó para sostener el proceso contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus exfuncionarios. En la causa contra el exmandatario –impulsada por una denuncia de Horacio Cartes– se investigan delitos como inducción a un subordinado a cometer hecho punible, denuncia falsa y asociación criminal.