Senado analizará examen de correspondencia a jefes policiales tras denuncias de coimas

Santiago Peña.
Santiago Peña (Centro) había participado del acto de posesión del nuevo comandante interino de la Policía Nacional, Crio. Gral. César Silguero. Foto Archivo.

La Cámara de Senadores tratará este miércoles un proyecto de resolución que insta a la Contraloría General de la República (CGR) a realizar un examen de correspondencia de ingresos y bienes a los principales jefes de la Policía Nacional, en medio de denuncias públicas sobre supuestos pedidos de coimas dentro de la institución. Su impulsor, el senador Ever Villalba (PLRA) había denunciado la existencia de un esquema de recaudación en la Policía Nacional.

La iniciativa legislativa -que fue conformada en reunión de mesa directiva- surge luego de que se hicieran públicas acusaciones que apuntan al jefe de Gabinete de la Policía Nacional, Rodolfo Óliver Fernández, señalado por presuntos cobros indebidos a uniformados de menor rango.

El senador liberal Éver Villalba impulsó el proyecto tras recordar que ya había denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de un supuesto “esquema de recaudación” dentro de la Policía Nacional.

Según el legislador, las recientes acusaciones no pueden ser consideradas hechos aislados, sino parte de un sistema más amplio de cobros irregulares que requiere una respuesta institucional firme.

“Las últimas acusaciones de soborno dirigidas a miembros de la Policía Nacional no deben ser vistas como incidentes aislados”, señala la exposición de motivos del proyecto.

¿Qué plantea el proyecto?

El proyecto de resolución “Que insta a la Contraloría General de la República a realizar el examen de correspondencia de ingresos y bienes a los comisarios generales, principales, directores y jefes de la Policía Nacional”, busca que se investigue el patrimonio de los altos mandos actualmente en funciones.

El documento establece que el control incluya la verificación de declaraciones juradas de bienes y rentas, el análisis de evolución patrimonial, la identificación de posibles inconsistencias o incrementos no justificados, así como el cruce de datos con otras instituciones públicas.

El proyecto sostiene -en su exposición de motivos- que cualquier sospecha de corrupción interna afecta directamente la confianza ciudadana y debilita el Estado de Derecho.

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Además, argumenta que existe una “concentración desproporcionada de riqueza” en algunos sectores de la cúpula policial, lo que justificaría la necesidad de un análisis de correspondencia patrimonial.

Este tipo de examen permite determinar si el crecimiento de los bienes de los funcionarios públicos guarda relación con sus ingresos legales, y es considerado una herramienta clave para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.