La administración del liberal Diego Alonso como intendente de J. Augusto Saldívar es duramente cuestionada desde hace años debido a varios hechos de presunta corrupción, como obras fantasmas de la municipalidad, la venta de una propiedad privada como municipal y la falta de pago dietas y gastos de representación de varios concejales opositores desde el 2022.
Debido a la falta de pago a los ediles, la CGR determinó en el 2024 el bloqueo de la transferencia de los royalties al municipio tras constatar la denuncia de los concejales opositores que no cobraban sus dietas, por lo que se comprobó la discriminación hacia los mismos. Los concejales afectados son Alfredo Rojas (PLRA), Marta Ferrari (ANR), Cristian Domínguez (PRF) y Carlos Núñez.
Sin embargo, este miércoles se dio a conocer que la CGR desbloqueó la transferencia de los royalties al municipio, sin que este salde toda la deuda que mantenía con los ediles, lo que viola abiertamente la Ley 6784/21 y evidencia que el órgano contralor pera de forma funcional a estructuras políticas corruptas, según denunció el concejal Christian Dominguez.
“La CGR dejó de ser un órgano de control y pasó a ser un ESCUDO de intendentes corruptos.El lunes impulsaremos el pedido de JUICIO POLÍTICO contra Camilo Benítez y Augusto Paiva por mal desempeño. La institución que debía combatir la corrupción hoy la protege. La CGR viola abiertamente la Ley 6784/21 y opera de forma funcional a estructuras políticas corruptas.Durante años blindaron al intendente de J. Augusto Saldívar mientras perseguían a quienes denunciamos irregularidades. La CGR hoy responde más al poder político que a ciudadanos”, denunció en su cuenta de la red social X.
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Concejal pedirá juicio político al contralor
Siempre según la denuncia del concejal, habrían operaciones políticas dentro de la CGR impulsadas por senadores liberales serviles al cartismo para manipular resoluciones y fabricar dictámenes a medida. “No es negligencia. Es una estructura de protección política para intendentes corruptos”, sentenció el concejal a quien adeudan todavía siete meses de dieta y gastos de representación.
Según explicaron los afectados en su denuncia del 2024, el intendente Diego Alonso (PLRA), tomó represalias en contra de los ediles debido a las denuncias que estos realizaron en contra de la administración del jefe comunal ante la Junta Municipal, ante la Contraloría y ante la Fiscalía de Delitos Económicos.
Los concejales denunciaron las presuntas obras fantasmas de la Intendencia municipal, del periodo 2022 y 2023 respectivamente. Una de ellas es por el monto de G. 2.500 millones en donde se debía reparar 35 km de caminos vecinales, y que según las verificaciones hechas por los concejales, las obras no fueron hechas.
También que se solicitó el financiamiento de la reparación dela avenida Toledo Cabañas, y que la comuna contrató un servicio por el valor de G. 1.000 millones. De este monto, solo se pagóG. 400 millones para la reparación de algunas zonas. Según mencionaron, la municipalidad, al contraer la obligación, debió pagar la totalidad de la deuda aun sin recibir la totalidad de los trabajos.
Otras denuncias hacen referencia a obras fantasmas del Club Santa Lucia, en donde se transfirió G. 73 millones en el 2022 para perforar un pozo, pero en las inspecciones solo encontraron un pozo que data del 2015.
Mencionaron, además que, en la Escuela Santa Librada, en el 2022 se debía reparar por un valor de G. 52 millones, pero solo se pudieron concretar la mitad de los trabajos, produciéndose un daño patrimonial de G. 25 millones.